El uso generalizado de cámaras de seguridad en la Universidad de Oviedo tiene precedentes en algunos colegios e institutos de la región, que durante los últimos meses se han lazado a colocar estos dispositivos para favorecer la seguridad de profesores, alumnos y edificios. Por este motivo, la Consejería de Educación y Cultura ha solicitado a las direcciones de los centros de Primaria y Secundaria que comuniquen su intención de recurrir a estos mecanismos, ante los problemas legales que pueden conllevar, más en recintos donde reciben clase menores de edad. En paralelo, la administración autonómica ultima una normativa sobre este asunto para acabar con la confusión entre los docentes y frenar las posibles quejas de los padres.
El anuncio de que los colegios e institutos de la región tendrán que informar al Gobierno autonómico sobre la colocación de circuitos cerrados de grabación está recogido en el séptimo punto de la reciente circular que el nuevo consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha remitido a las direcciones. Bajo el título "Instalación de cámaras de videovigilancia", el texto señala que "estando prevista la próxima publicación de unas instrucciones en materia de seguridad de los sistemas de videovigilancia de los centros educativos públicos de titularidad de la Administración del Principado de Asturias y al objeto de cumplir las previsiones establecidas en la Ley, todos aquellos centros que decidan la instalación de cámaras de videovigilancia (tanto interiores como exteriores) deberán de informar de ello, así como remitir solicitud al efecto para iniciar los trámites de legalización del fichero de datos personales".
Esta advertencia llega unos meses después de que algunos centros adoptasen la medida de instalar cámaras con el objetivo de aumentar la vigilancia de sus recintos. Un caso paradigmático fue el colegio Celestino Montoto de Pola de Siero, donde la dirección aprobó, a principios de este año, recurrir a esta práctica para frenar la celebración de botellones y destrozos regulares en las instalaciones, especialmente durante los fines de semana. Una decisión que contó con el respaldo mayoritario de los padres de los alumnos, al contrario de lo que ha ocurrido en otros lugares de España, donde la grabación de espacios destinados a la docencia con menores ha levantado varias polémicas a lo largo de los últimos cursos académicos. Este debate ha afectado, especialmente, a centros de la Comunidad de Madrid, de Andalucía y de Cataluña.
