El Gobierno regional tiene previsto aprobar esta semana su estructura, en la que no se esperan grandes cambios. Se trata de desarrollar las competencias concretas que tendrá cada una de las consejerías, y una vez diseñado el organigrama, nombrar a los altos cargos que conformarán la segunda línea del Ejecutivo del Principado.
Las consejerías en las que se esperan más cambios de estructura son la de Presidencia, que ha pasado a llamarse de Presidencia y Participación. También se prevén cambios en la antigua consejería de Bienestar Social, ahora llamada de Servicios y Derechos Sociales. IU ha reclamado a su socio de investidura que recupere el Instituto de Infancia y Juventud. UPyD, por su parte, hizo ayer público un comunicado pidiendo al Ejecutivo asturiano la recuperación de la dirección regional de Atención a Mayores.
En principio, Presidencia ampliará sus competencias para dar relevancia a las políticas de transparencia y para establecer cauces de participación ciudadana. Además, asume las funciones de cooperación al desarrollo, que hasta ahora tenía Bienestar Social.
También se esperan cambios en la consejería de Cultura y Educación, sobre todo porque el pacto de investidura firmado con IU incluye que se eleve el rango institucional de la dirección general de Política Lingüística. IU aspira a que se cree una nueva Viceconsejería para impulsar la protección al asturiano, aunque parece que el PSOE podría optar por mantener la Viceconsejería de Cultura, ampliando sus competencias con Política Lingüística.
La consejería de Hacienda y Sector Público, que sigue en manos de la número dos de la candidatura de Javier Fernández, Dolores Carcedo, asume como nueva competencia la estadística, que hasta ahora estaba gestionada por Economía.
Esta consejería, que ahora se llama Empleo, Industrias y Turismo, perderá las competencias de consumo, que pasarán a ser gestionadas por la consejería de Sanidad.
