La Ley de la Dependencia "nunca tuvo bien definido el apellido", que es como se llama la dotación presupuestaria en la voz de Casilda Sabín, gerente de la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (FEAPS), y se ha transformado en "Ley de desatención a los dependientes", que es como ahora la llama Mónica Oviedo, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y vicepresidenta de COCEMFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias. Recién completada la implantación del modelo con la incorporación de los dependientes moderados -unos 5.000 en Asturias- y a la vista del sustento financiero que el Gobierno central le ofrece al sistema en 2016 -75 millones más que en 2015, un 6,4 por ciento de incremento-, los representantes de los colectivos afectados en la región no bajan la situación de "dramática". Oviedo ha escogido ese calificativo una vez que ha dejado sentenciada la paradoja de una norma que en la letra "reconoce unos derechos subjetivos a los beneficiarios y en la práctica no atiende a las personas dependientes como merecen porque sus presupuestos han sido siempre escasos".
Los representantes de los dependientes han visto llegado el momento de pedir una "revisión" del modelo a la vista de que "nos han puesto sobre la mesa una ley buena que no se puede cumplir", afirma Oviedo, y a la que "no se le da la importancia que tiene". No ha habido colores políticos en el recorte, matiza Casilda Sabín, recordando que el Gobierno socialista aminoró los recursos antes que el popular y haciendo memoria hasta concluir que aquella norma de 2006 "fue una excelente oportunidad en un momento que ya no existe", que "generó más expectativas y votos que derechos reales" y que ha terminado por consagrar una estructura de "desigualdad territorial" y atención dispar según la autonomía en la que se resida.
Los dependientes moderados llegaron oficialmente al sistema el 1 de julio entre suspicacias por la ausencia de una partida específica en los presupuestos para 2015 y recelos por la parquedad del incremento previsto en 2016. Mónica Oviedo reclama "un gran pacto de Estado" que reconozca la trascendencia de estas políticas y cuestiona, a dúo con Casilda Sabín, un modelo de copago en el que la porción que sufraga el usuario ha experimentado un incremento directamente proporcional al alza de la frugalidad presupuestaria. El porcentaje del coste del sistema que asume el beneficiario se aproxima en Asturias a la porción que costea el Estado, de suerte que "nos han hecho doblemente impositores", interpreta Sabín, y que ese obstáculo ha conseguido ya expulsar a algunos beneficiarios incapaces de asumir su parte del servicio. A la gerente de FEAPS no se le escapa que el Principado fue una de las primeras comunidades en abrazar "desde el principio" este procedimiento financiero que "no se implantó en todas las regiones" y que ha terminado por soliviantar a los perceptores. El CERMI tiene en marcha una recogida de firmas para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que aminore el impacto del copago y permita pasar del modelo actual, que sólo exime de sufragar el servicio a los beneficiarios cuyos ingresos igualen el IPREM -el indicador que sustituye al salario mínimo en la concesión de ayudas- a uno en el que se amplíe la dispensa de pago a quienes ingresen hasta 2,5 veces ese índice.
El dinero importa mucho, pero no lo es todo. Casilda Sabín no deja escapar "los excelentes resultados de esta ley, que los ha habido" ni renuncia a llamar la atención sobre la necesidad de "revisar el modelo de dependencia que somos capaces de sostener y que no puede ser igual para los mayores dependientes que para las personas con discapacidad intelectual". Denuncia el abandono y la exclusión del sistema de muchas personas que "presentan niveles de autonomía y a la vez necesidad de apoyos que nunca se tienen en cuenta en el baremo que se utiliza" y lamenta que la norma, a su juicio "pensada desde siempre para la tercera edad, haya sido una trampa para nuestro colectivo".
Desde Asturias, a la luz de su balance, "se han consentido, aumentado y favorecido los errores del Gobierno central" y ella insta al nuevo equipo de la Consejería a emprender "actuaciones transversales", reclamando que otros departamentos se impliquen y colaboren en ámbitos como "el fomento del empleo, la igualdad de oportunidades o el acceso a la cultura y la educación" de las personas dependientes. Sin pensar tanto en términos financieros como de gestión, la gran asignatura pendiente se llama "redimensionar" el modelo adecuando la respuesta al tipo de necesidades, también "a las de una población que a lo mejor no necesita dinero o una plaza en una residencia, sino apoyos puntuales para incorporarse a la comunidad de un modo inclusivo".
El momento puede ser idóneo, con la legislatura autonómica recién estrenada, un nuevo equipo directivo en una Consejería de nombre nuevo, Servicios y Derechos Sociales, y las elecciones generales a la vuelta de la esquina. Todos optan por dar un margen de confianza a los recién llegados y Carmen Rivero, responsable del área social en la asociación de personas con discapacidad física ASPAYM, se suma tras abundar también en las deficiencias del sistema. Confirma que el desarrollo de la ley "no responde a las expectativas bajo ningún concepto" y echando un vistazo a los potenciales beneficiarios, tropieza contra la paradoja del "limbo" de la lista de espera, de quienes "en teoría están dentro del sistema, pero en la práctica eso no quiere decir que se dé cobertura ni a los usuarios ni a sus familiares".
