El Gobierno central separará en dos el decreto sobre las evaluaciones externas, también llamadas "reválidas", para aprobar primero el de Primaria y después otro para Secundaria y Bachillerato, abriendo así una nueva vía de debate con las comunidades, lo que dilatará al proceso de aplicación de este sistema impuesto con la reforma legal Lomce. Así lo anunció ayer el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, tras su primera Conferencia Sectorial con los consejeros regionales, celebrada en Madrid. El representante del Principado, Genaro Alonso, se manifestó "moderadamente satisfecho, pero no contento" con el encuentro, durante el que solicitó la eliminación total de las reválidas.

Méndez de Vigo explicó que la reunión sirvió para acordar que el único real decreto sobre evaluaciones que se va a aprobar en Consejo de Ministros es el que afecta a Primaria (para el sexto curso) y que debe entrar en vigor en este curso 2015-2016. Además, rechazó retrasar la aplicación de la LOMCE, como pidieron varios consejeros.

Méndez de Vigo argumentó que, como las evaluaciones externas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato entrarían, según la LOMCE, en cursos posteriores, se ha tomado la decisión de presentar su decreto correspondiente "mas adelante" para "poder hablar sobre ello" con las regiones. Todo ello "no supone ningún retraso" en la aplicación de la LOMCE, ya que, como destacó el ministro, se trata de una ley orgánica y, por tanto, de obligado cumplimiento.

Asturias se sumó ayer a la petición conjunta de doce comunidades autónomas para exigir al Ministerio de Educación que retire las evaluaciones de sexto curso de Primaria y de fin de etapa de la ESO y el Bachillerato, las "reválidas" que incluye la LOMCE. El consejero Genaro Alonso aseguró, al término de la conferencia sectorial, que "este tipo de pruebas no se ajustan a la esencia y la naturaleza de la evaluación continuada que se lleva a cabo en los centros". "Además, no encajan con el proceso enseñanza-aprendizaje puesto que miden de una manera diferente lo que se viene enseñando y valorando durante todo el curso escolar", añadió.

Además de Asturias, las comunidades que respaldan el carpetazo a las reválidas son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Canarias, Cataluña, el País Vasco y Navarra. Todas ellas apuestan por una revisión del calendario de aplicación de la nueva ley, incluyendo el de la Formación Profesional Básica.

Alonso quiso tranquilizar ayer a la comunidad educativa asturiana: no habrá crisis. Si no se modifica el calendario, se seguirá adelante con la aplicación de la LOMCE, "pero nuestra pretensión de cambiar aspectos relevantes de la ley es legítima", aclaró. El Consejero insistió en las mismas tesis que su predecesora en el cargo, Ana González, en materia de reconocimiento de la especialidad docente de Lengua Asturiana para el profesorado y destacó que esta facultad es competencia exclusiva del Gobierno central. "Se trata de dar una atribución docente al profesorado de Asturiano, al igual que se da a otras asignaturas, como Latín o Música".

La Conferencia de Educación mantuvo tono parecido a las anteriores, pero con la diferencia de que el mapa político cambió. Asturias lideró la oposición a la LOMCE durante dos años con la única compañía de Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña. Ahora sus "socios" en la crítica son muchos más.

"Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento, conscientes de que empeñarse con continuar con la implantación de una ley que será derogada no es razonable", dijo la consejera andaluza de Educación, convertida ayer en portavoz de las comunidades no gobernadas por el PP. Enfrente, un nuevo ministro -Íñigo Méndez de Vigo- y, lo que es más importante, una cita electoral decisiva dentro de pocos meses.