La Fiscalía Superior del Principado investigará a la empresa Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado (GITPA) tras la detección de indicios de irregularidades en su administración. El ministerio público ha resuelto abrir diligencias de investigación para tratar de identificar o descartar posibles delitos después de examinar la denuncia que el PP de Asturias presentó hace un mes con el sustento del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de la compañía pública entre 2006 y 2013. Ahí, el ente fiscalizador detecta indicios de anomalías en los procedimientos de selección de personal y contratación de la sociedad, constata la discrecionalidad en el acceso de los trabajadores a la plantilla sin cumplir "los principios de igualdad, mérito y capacidad" y, entre otras posibles desviaciones, verifica síntomas de "fraccionamiento indebido" de contratos.
El diputado popular Luis Venta ejemplifica el "desbarajuste" con un contrato de obra que GITPA adjudicó en octubre de 2008 para la extensión de la red de banda ancha en la región. Su importe inicial, 950.000 euros, fue modificado dos veces en tres meses hasta llegar a un total de 1,6 millones sin que consten, según las conclusiones de la Sindicatura, "certificaciones de obra, ni acta de recepción parcial ni final de las obras contratadas". Es decir, que "no se sabe ni dónde, ni cuándo ni qué se ejecutó", apostilla Venta, a quien le parece que todo aquí se ve "bastante oscuro" a la luz del "informe demoledor" de la Sindicatura. Además, el parlamentario popular enfatiza las "subvenciones indebidas" que recibió la sociedad y la supuesta condición de subcontratista ilícita de una empresa que "parece que era un chiringuito", que "ya tendría que estar disuelta y sorprendentemente sigue activa", remata Venta Cueli.
Las supuestas anomalías en la gestión de la empresa pública prestadora de servicios de telecomunicaciones, participada al cien por cien por el Principado, fue punto de fricción permanente en la pasada legislatura entre el Gobierno socialista y la oposición, a cuenta también de la denuncia presentada en su día contra el exdirector general de la sociedad, Manuel Rodríguez Bañuelos, por adjudicar varios contratos menores a la empresa de su hijo. El caso fue sobreseído al entender el tribunal que el encausado no incurría en malversación o cohecho por no ostentar la condición de funcionario público. Con las supuestas fallas de gestión en la empresa como telón de fondo, el PP ha acusado insistentemente al Ejecutivo regional de "tapar la corrupción" en GITPA, a lo que el Gobierno ha replicado sosteniendo que fueron ellos quienes pusieron la documentación al servicio de la Fiscalía al detectar los primeros indicios de irregularidad.
