Esta visión simplifica el modelo y equivale a sostener, señala el Presidente, "que el gobierno del territorio en el que se recauda más dinero sea también el que reciba más financiación". "Alguien inventó otra idea" a partir del mismo concepto y con ella comulgan voces que el jefe del Ejecutivo asturiano oye hablar desde el entorno del PP y Ciudadanos.

Javier Fernández acude a un documento de la Fundación FAES, vinculada al PP, y firmado entre otros por Santiago Álvarez, profesor de Economía Aplicada y vicerrector de la Universidad de Oviedo, en el que se apunta hacia una ordinalidad que suponga que "el reparto de los fondos de solidaridad mantenga la posición relativa de cada comunidad en financiación per cápita". La misma acepción se ve, enlaza el Presidente, en el programa electoral de Ciudadanos, donde el criterio de reparto pide "evitar que una vez aplicados los mecanismos de nivelación entre comunidades, una región receptora neta de transferencias supere en nivel de financiación per cápita a otra que aporta transferencias al sistema". Si Asturias es la sexta región que más ingresos fiscales aporta al Estado, no podría aspirar, según este criterio, a más que a ser la sexta en financiación. Ahora, es la segunda que más fondos recibe en una estadística que además de la financiación autonómica incluye todos los recursos que llegan de la Administración central.

El criterio para poner orden en la financiación, que en un caso establece como condición que el sistema de reparto respete la posición relativa de cada territorio en cuanto a los niveles de riqueza, pide en este otro que quien aporta más fondos al sistema no reciba nunca del Estado menos recursos que quien contribuye menos. Esta segunda propuesta, menos equitativa al decir del Presidente, se interna en un terreno resbaladizo con peligro de alterar las desigualdades y la solidaridad interterritorial, conectado a su vez con la peculiaridad demográfica de Asturias y con el coste de suministro de los servicios básicos: "¿Qué ocurre -se pregunta- si aquella región a la que se transfieren fondos tiene un coste de prestación de servicios más alto, porque sus habitantes son más viejos o viven más dispersos, o simplemente cuenta con una recaudación más baja y necesita más dinero para que sus servicios tengan el mismo nivel de calidad que los de otra comunidad que aporta más a las arcas estatales?".

En un recorrido por el resto del mapa político, el programa electoral de Podemos se limita a destacar la necesidad de "impulsar desde Asturias un modelo de financiación que ponga fin a las desigualdades territoriales" y el de Foro, a la defensa de una reforma del modelo de reparto "que garantice la suficiencia y la igualdad en los servicios públicos fundamentales, redefiniendo las necesidades de gasto y teniendo muy en cuenta las singularidades de Asturias, como la dispersión y el envejecimiento de nuestra población". IU se remite al acuerdo de investidura que hizo presidente a Javier Fernández, allí donde dice que el mecanismo que salga de la inminente revisión de la financiación ha de impulsar un sistema de reparto "justo" que "permita la prestación de servicios públicos de calidad".