La Guardia Civil detuvo a última hora de la tarde de ayer en Galicia a los hermanos José Antonio y Carlos López Alvarellos, así como a la esposa del primero, Sira Covelo, administradores y apoderados de la empresa Prosem Consultoría Estratégica, con sede en Lalín (Pontevedra). Los tres son sospechosos de estafa y falsedad en relación a un fraude de subvenciones de la Xunta de Galicia, y quedaron en libertad con cargos a la espera de declarar ante el Juzgado. El caso es que Prosem no es desconocida en Asturias. Tiene una sede en Lugones y el Principado la contrató al menos dos veces, una para desarrollar la "organización formativa" de los cinco Centros de Formación de Consumo, y otra para una escuela de padres y madres.
El primero de los proyectos, contratado por la Consejería de Sanidad en 94.751,45 euros (se licitó en 120.000), tenía por objeto "labores de formación, información, elaboración de material divulgativo, implementación de programas y actualización de la página web en materia de consumo". Prosem ya realizó algo parecido en la Escuela de Consumo de Galicia. Fuentes de la consejería de Sanidad indicaron ayer que desconocían los pormenores de la operación de la Guardia Civil, aunque este departamento mostró su disposición a colaborar en cualquier investigación. Eso sí, esta misma fuente remarcó que todos los concursos se realizan conforme a la legalidad. Prosem fue contratada en una segunda ocasión, esta vez por la consejería de Educación, para poner en marcha el programa "Espacios Educativos de Participación", una escuela de padres que se desarrolló de abril a junio de este año. El contrato ascendió a 29.700 euros.
No ha sido su única actividad en Asturias. Este año se presentó a un concurso de talleres del Ayuntamiento de Gijón del programa "Femenino y Plural". Los talleres eran "para trabajar el bienestar físico", "conocimiento del propio cuerpo", "trabajar la salud emocional" y "manejo de móviles", con un presupuesto de 78.000 euros. El lote se lo llevó la empresa La Productora. Prosem está siendo investigada por cobrar presuntamente subvenciones de la Xunta por cursos que a veces ni siquiera se impartieron. La Agencia Tributaria investigó el ejercicio de 2010 de la empresa, con facturas por 800.000 euros, aunque la actividad es anterior y posterior. Trabajaba con empresas que habrían facilitado los documentos para conseguir las subvenciones. La empresa de formación pasaba una factura por una acción formativa a una empresa o agrupación empresarial. Paralelamente, prestaba dinero al cliente por el total de la factura y éste devolvía luego la cantidad. De esta forma se justificaba el gasto para pedir la subvención. Ya concedida, se modificaba el documento inicial, pasando de "anticipo de acción formativa" o "acción formativa" a "nuevo acuerdo comercial" o "devolución de anticipo". Prosem se quedaba un porcentaje de la subvención y la empresa, el resto.
