Es una de las caras nuevas del Gobierno asturiano pero acumula una dilatada experiencia en la política municipal, primero como concejala de Economía y luego como alcaldesa de Avilés durante ocho años, en los que hubo momentos duros, con procesos judiciales de por medio, los casos Niemeyer y Aquagest, de los que admite estar aburrida. "Las personas que nos dedicamos a gestionar lo público tenemos que ser especialmente transparentes y honradas", sostiene Pilar Varela. Tras ser desimputada en ambos procedimientos, asume la consejería de Servicios y Derechos Sociales, un departamento en el que gestionará un presupuesto muy por encima de los 300 millones de euros, seis veces más del que manejaba en Avilés.
-Su retorno a Valnalón tras dejar la alcaldía de Avilés fue efímero. ¿Cómo va el aterrizaje en el Principado?
-Bien, muy intenso, con muchísimo trabajo. Está siendo un mes duro de trabajo como lo fue en Valnalón porque las cosas habían cambiado mucho. Estaba aterrizando allí cuando me llamó el Presidente para incorporarme al Gobierno y, desde luego, lo he hecho con muchísimo gusto.
-¿Cuáles son las prioridades para esta legislatura?
-La prioridad fundamental será colaborar a que tengamos un sistema público de servicios sociales que asegure la cohesión y combata la desigualdad, pensando en la ciudadanía. Los servicios sociales son el cuarto pilar del estado de bienestar, con la educación, las pensiones y la sanidad. También dedicaremos especial atención a la infancia.
-¿Y las asignaturas pendientes?
-Los servicios sociales han sufrido muchísima presión. La gestión de la crisis ha profundizado la desigualdad en España. En 2006 no había renta mínima, ahora en Asturias hay 17.000 personas que la perciben; en 2007 no había ley de dependencia, ahora tenemos a 15.000 personas. Eso supone un cambio fundamental. Hemos tenido que gestionar muchísimas más prestaciones que antes. Y lo hemos hecho bien. En Asturias se ha hecho mucho esfuerzo, se han mejorado los mecanismos y tan importante como gestionar, es intervenir bien, pese a la amenaza de la ley de racionalización del sector público.
-Desde julio ha aumentado el número de potenciales beneficiarios de la ley de Dependencia. ¿Hay dinero suficiente?
-Hay muchos recursos que pone esta comunidad autónoma. Nuestro objetivo es que a finales de año estén incorporadas las 6.500 personas del grado 1. La ley estatal tenía el objetivo de que en 2015 debíamos ser capaces de tener un sistema público de dependencia y eso, en España, no lo tenemos. Cada comunidad ha ido haciendo su desarrollo y su esfuerzo y el Gobierno de España se retiró, dejando mucho peso a las comunidades autónomas. En 2014 el Estado aportó a Asturias el nivel mínimo, 25 millones, que es el quince por ciento y Asturias puso el 70 por ciento. El Principado pone 98 millones adicionales para colaborar en la autonomía personal.
-Asturias reivindica en cada proceso negociador de la financiación autonómica el envejecimiento como un factor diferencial, pero cada año muere gente que espera por la ley de Dependencia. ¿Por qué?
-Hay que organizar todo un sistema, derivado de las nuevas prestaciones, hace falta tiempo y tenemos recursos que no son ilimitados. No llegamos a todos, tenemos listas de espera y en esos procedimientos hay gente que, desgraciadamente, puede fallecer o empeorar muchísimo en su situación en poco tiempo. Nuestro compromiso es cuatro meses para hacer la valoración y dos meses para tener asignado un recurso. Y lo estamos cumpliendo. Puedo dar cifras pero cada persona piensa en su situación y problema concretos.
-¿Por qué suspende Asturias en la aplicación de la ley de Dependencia?
-No hay mucho misterio. Somos lo que se dice una región de doble entrada. Asturias atiende a personas en centros de día, ayuda a domicilio y tele asistencia que todavía no están en el sistema de la ley de Dependencia mientras que otras autonomías sólo tienen recursos para la gente que ya tienen su valoración. Nos perjudica el cómputo que sólo tiene en cuenta las personas reconocidas con algún grado de dependencia. Atendemos a más personas de las 15.000 que ya tienen reconocido algún grado.
-En el salario social se cumple desde hace poco el plazo de tres meses para dar respuesta a las nuevas solicitudes pero todavía hay gente que espera desde hace dos años por una respuesta del Principado.
-Hemos tenido mucha presión. Al empezar la legislatura anterior había más de 3.000 personas en lista de espera para incorporarse al salario social. Ahora se cumple el plazo de la ley. Se hizo un trabajo. Pero no todo es perfecto, tenemos muchas revisiones pendientes, demasiadas.
-¿A qué obedece esa situación?
-Las personas que piden por primera vez el salario social no esperan pero sí hay personas que están esperando la revisión. Tuvieron el salario social, hubo alguna cuestión que varió, hubo que hacer una revisión y esa revisión es la que está esperando. Por eso ahora estamos remangados para la revisión. Para nada quiero dar la idea de que ya todo está resuelto. Están resueltas las incorporaciones pero no vale de nada si hay gente esperando la revisión hace mucho tiempo. En este año ya se han revisado 2.641 expedientes. Tenemos que mejorar mucho la revisión pero todo al mismo tiempo es imposible de hacer. Una de las prioridades para esta legislatura será reformar el reglamento del salario social.
-Hay beneficiarios que se quejan de que tienen que renunciar a trabajos temporales porque temen quedarse descolgados del salario social. ¿En qué consistirán los cambios?
-El reglamento del salario social tiene que ser ágil para entrar y ágil para adaptarse. Tenemos que modificar el reglamento para evitar que los beneficiarios se vean en la situación de que no les interesa un trabajo de unos meses porque luego se va a tardar mucho tiempo en volver a reconocer la prestación del salario social. Con el actual reglamento estamos desmotivando el empleo y no puede ser.
-Para llegar a final de año harán falta 100 millones de euros para el salario social, 17 más de los presupuestados. ¿De dónde saldrá el dinero?
-Es una partida garantizada y llegaremos, pero imagino que con dificultades. Hacienda está buscando los recursos y también para incorporar a 6.500 personas del grado 1 de la Dependencia.
-¿La renta mínima vital que llevará el PSOE en su programa para las elecciones generales supondría un auténtico balón de oxígeno para el presupuesto del Principado?
-Ojalá el PSOE gane las elecciones generales. La renta mínima vital de ámbito estatal liberaría una cantidad de fondos que podríamos dedicar a mejorar el sistema todas las autonomías que estamos haciendo un gran esfuerzo con el salario social.
-Usted ha estado imputada en dos procedimientos judiciales, el Niemeyer y Aquagest y finalmente quedó desimputada . ¿Qué lecciones sacó de aquellas situaciones?
-Tengo un sentimiento muy positivo. Hubo mucho de sufrimiento pero mereció la pena. Yo parto de que no debí estar imputada en ninguno de los dos procedimientos. Hay un caldo de cultivo de que todos los políticos somos iguales y no es verdad. Estoy un poco aburrida del proceso Niemeyer. Cómo puede ocurrir que siendo yo quien denuncia y quien está dispuesta a ir como testigo, sin abogados, se me aplique la figura de imputado. Luego hubo muchas coincidencias, siempre surgí algo en momentos electorales... Pero a pesar de todo eso ha merecido la pena. Estoy encantada de haber contribuido un poquito a que el Centro Niemeyer esté en Avilés.
