Sanidad quiere exigir a los "sin papeles" 6 meses en España para darles asistencia

El Principado reclama al Ejecutivo central que "recupere la universalidad de la atención" y desvincule los derechos sanitarios del aseguramiento

03.09.2015 | 04:08
Francisco del Busto, consejero de Sanidad del Principado.

El Ministerio de Sanidad planteó ayer a las comunidades autónomas que se exija al menos seis meses de empadronamiento en una región para que un inmigrante irregular pueda acceder a la asistencia sanitaria pública. El Departamento que dirige Alfonso Alonso garantizó que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no podrá acceder a la base de datos de los "sin papeles" que reciban atención.

Entre tanto, el Gobierno asturiano reiteró su exigencia de que el Ejecutivo central "recupere la universalidad de la atención dentro del sistema público de salud y deje de vincular los derechos sanitarios de los ciudadanos al aseguramiento". El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, pidió al Ministerio que "no se conforme con buscar soluciones parciales y electoralistas a un problema que estaba resuelto hace años". La actual normativa estatal, restrictiva con la asistencia a los "sin papeles", no ha sido aplicada en Asturias por decisión del anterior equipo de la Consejería.

Con argumentos variados, el rechazo expresado por el Principado es compartido por buena parte de los gobiernos regionales. La fórmula de atención a los inmigrantes irregulares trasladada por el Ministerio a las autonomías tiene como objetivo -según las autoridades estatales- armonizar la asistencia social y sanitaria de los sin papeles con permanencia efectiva en España y que estén en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, explicó los detalles de este planteamiento tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud, en la que participaron representantes autonómicos y de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, Interior y Asuntos Exteriores. El Ejecutivo asturiano estuvo representado por la directora general de Política Sanitaria, María Jesús Merayo.

En la reunión se analizó el borrador del Gobierno central. A juicio de Moreno, el problema estriba en cómo abordar la redacción de una normativa que busca evitar el turismo sanitario, es decir, que cualquier ciudadano europeo "pueda creer que tiene el mismo derecho" que los inmigrantes en situación irregular y denunciarlo ante la Comisión Europea. Respecto al requisito del empadronamiento de seis meses, el secretario general de Sanidad aclaró que es competencia autonómica, y agregó que si alguna de ellas decide fijarlo en tres meses "está en su legítimo derecho", aunque lo lógico es que el abordaje de este asunto sea "idéntico en todo el país". Esta posibilidad de acortar los plazos había sido insinuada incluso por el representante de Madrid en la reunión, Julio Zarco, a su llegada al Ministerio.

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