El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado en la Junta General del Principado una proposición no de ley para suavizar la aplicación del régimen de permanencia en la Universidad de Oviedo. Concretamente, propone reducir de 90 a 78, los créditos aprobados exigidos al término del tercer curso, así como la no aplicación de la norma una vez superada entre el 70% y el 85% de la carrera.
En su exposición de motivos, Podemos ha explicado que la normativa "generado mucha controversia desde su aprobación entre el colectivo
estudiantil, que manifestó siempre su posición contraria al reglamento en diversas movilizaciones desde entonces, argumentando su ineficacia para los objetivos que se concibe". Así, ha recordado que solo durante el curso pasado, 1099 estudiantes se vieron afectados por la norma, lo que supone en torno al 5% del total de estudiantes de la Universidad Pública Asturiana".
"Las consecuencias generadas, lejos de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, provocan un efecto intimidatorio entre el colectivo que, ante el riesgo de expulsión, se matricula de menos ECTS de media alargando, así, el tiempo necesario para completar con éxito sus estudios y por tanto, aumentando la inversión media de la sociedad asturiana por estudiante", ha añadido.
Recuerda además que se realizaron sucesivas. "Sin embargo, estas modificaciones resultan insuficientes y en este nuevo curso
académico la sociedad asturiana se encuentra, de nuevo, ante, al menos 440 estudiantes que, después de la inversión tanto personal como de la sociedad realizada en sus estudios, se encuentran ante el riesgo de tener que abandonar sus estudios pendientes de la resolución definitiva del Consejo Social", critica Podemos.
Así, Podemos reclama que la Junta pide a la Universidad una nueva normativa que recupere "el carácter de derecho de la utilización de las convocatorias a examen de cada matrícula frente al carácter de obligación actual". "En este sentido, las convocatorias únicamente deben considerarse utilizadas en el caso de la realización efectiva de la prueba final de evaluación, para lo cuál el estudiante estará obligado a comunicar al profesor la realización o no de dicha prueba durante los primeros 10 minutos de la misma", señala la nota.
Propone también que "la aplicación de la normativa limitativa de permanencia deje de tener efecto una vez superado un porcentaje determinado de los estudios correspondientes que se fijaría entre el 70 y el 85% de los créditos totales según la carrera en cuestión".
"Las consecuencias generadas, lejos de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, provocan un efecto intimidatorio entre el colectivo que, ante el riesgo de expulsión, se matricula de menos ECTS de media alargando, así, el tiempo necesario para completar con éxito sus estudios y por tanto, aumentando la inversión media de la sociedad asturiana por estudiante", ha añadido.
