Las expectativas eran buenas, pero finalmente no hubo acuerdo. La industria, la distribución y la producción no consiguieron suscribir ningún pacto durante la reunión mantenida ayer en Madrid con la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Los sindicatos agrarios COAG y UPA manifestaron su negativa a apoyar la propuesta del Gobierno si antes no aprecian "gestos" por parte de las empresas lácteas y los supermercados, como la eliminación de la leche como producto de reclamo y que en los próximos contratos los precios no sigan a la baja. Por su parte, la Ministra, más optimista, prevé que el sector cierre un acuerdo para frenar la crisis dentro de quince días, a la espera de resolver algunos "flecos" pendientes. En esta misma línea se pronunció Ramón Artime, presidente de la Interprofesional láctea INLAC y de ASAJA Asturias, quien opina que sobre la mesa está un "buen documento", que "recoge casi al cien por cien las reivindicaciones del sector y da valor y transparencia a la cadena".

Entre los compromisos a los que llegó ayer el sector, Isabel García Tejerina destaca que la industria está dispuesta a mejorar sus relaciones comerciales con la distribución y a compartir los beneficios que obtengan con los ganaderos. "A partir de ahora no sólo se sabrán los precios a los que venden los ganaderos su leche a la industria, sino que también se conocerán los valores a los que esta última comercializa con los supermercados", señaló. Esta medida de transparencia es positiva, en opinión de Joaquín López, secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA). No obstante, López "esperaba más" de la reunión, ya que "no se avanzado nada". "Se generan expectativas y luego no se toman medidas de verdad. Mientras que no hablemos de regular precios y volumen de producción, lo demás son cuentos chinos", sostiene.

Mercedes Cruzado, secretaria de COAG Asturias, considera que lo tratado en Madrid es "más de lo mismo". Según los ganaderos hay dos problemas básicos aún por resolver: definir el concepto de precio sostenible "para evitar hacer una interpretación libre" y crear un "armamento jurídico" que garantice la imposición de sanciones.