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Varela reconoce que el plan de pobreza infantil dejó fuera a 8.000 familias

"Los euros no caen del cielo", lamenta la Consejera, que admite que el salario social roza los cien millones y obligará a cambios presupuestarios

16.09.2015 | 04:05
Pilar Varela, durante la comparecencia en la Junta.

El sostenimiento de los servicios sociales y la atención a las personas más vulnerables son "una prioridad absoluta" para el Gobierno asturiano, pero "los euros no caen del cielo" y los recursos son "finitos". La consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela, insistió en estas dos ideas ayer en su comparecencia en la Junta General del Principado, en la que presentó los objetivos de su consejería para esta legislatura y respondió a las preguntas de la oposición. Varela reconoció algunos datos alarmantes: en Asturias hay identificadas 11.000 familias con niños bajo los umbrales de pobreza, pero la ayuda de emergencia para estos menores (un pago único de poco más de 700 euros por familia) sólo ha alcanzado para 3.000 peticiones. "Es decir, hay una lista de espera de 8.000 familias", resumió la diputada de Foro Asturias, Esther Landa, que formuló sus preguntas a la consejera a durante la sesión de la mañana.

Fue también Landa la que sacó a la luz otra cifra que no es tranquilizadora: el salario social ya ha consumido los 83 millones de euros que tenía presupuestados para este año, y roza los cien millones. "Haremos modificaciones presupuestarias" para afrontar los pagos, asumió Varela, que no obstante insistió en que el Gobierno asturiano logrará mantener un sistema de servicios sociales "sostenible" y que está "entre los tres primeros de España, sólo por detrás de País Vasco y Navarra. Es algo que hemos construido durante muchos años y con mucho esfuerzo, un esfuerzo de todos los asturianos".

La crisis económica, aseguró Varela, ha "más que duplicado" a los beneficiarios del salario social, que en la actualidad cuenta con 17.148 nóminas. El atasco de solicitudes que se vivió en los últimos años está ya resuelto, y en la actualidad la peticiones se resuelven dentro del plazo legal de tres meses. Sí hay más problemas en las revisiones de beneficiarios, con una lista de espera de 109 casos de extrema urgencia, según datos proporcionados por los ayuntamientos asturianos a la consejería, y 5.189 no prioritarios. Pilar Varela señaló que el objetivo es acabar con la lista de la espera revisión del salario social "en menos de un año".

La consejera anunció también un esfuerzo especial en la aplicación de la ley de Dependencia, cuyas solicitudes para la valoración de dependientes de grado I, o moderados, tardan en la actualidad, desde que se presentan ante los servicios sociales municipales, unos ocho meses. El objetivo es, según aseguró Varela, que los planes individualizados de cada persona dependiente estén elaborados, y con los recursos adjudicados, en un máximo de seis meses, el que fija la ley. "Estamos montando un nuevo sistema, hemos hecho un esfuerzo en personal y en recursos, y esperamos lograr un sistema de carácter universal y sostenible, como la sanidad o la seguridad social", aventuró la consejera, que estuvo acompañada de sus directores generales. La aplicación de la Dependencia supuso en 2014 un desembolso de 179 millones, de los que más del 70 por ciento proceden de las arcas regionales, remarcó Varela. Hay 5.961 dependientes de grado I en Asturias, y ya tienen plan de atención elaborado 1.700. El resto, en torno a cuatro mil, estarán incluidos en el sistema público antes de final de año, comprometió la consejera. Otro de los datos que destacó fue el número de cuidadores familiares que cobran gracias a la ley de Dependencia, que ascienden en total a 7.116.

La implantación de un plan contra la pobreza energética, con un presupuesto de 400.000 euros este año y de 2,5 millones el que viene, fue otro de los ejes del debate de ayer en la Junta, en el que la consejera alertó, a preguntas de la diputada de Izquierda Unida Marta Pulgar, de que no hay "plan B" para el caso de que finalmente el 1 de enero entre en vigor la ley de Reforma Local, que reduce las competencias locales en las prestaciones sociales. "Es inaplicable. Estamos en contra de la ley, pero además no se ha aprobado la financiación autonómica a la que está vinculada", dijo.

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