El recorte en mantenimiento y y licencias está detrás del colapso informático del Principado, puesto de relieve en las últimas semanas al atascarse en la Consejería de Educación la adjudicación de plazas de los profesores interinos y, en Medio Rural, las solicitudes de cotos de pesca. La existencia de una infraestructura digital de gran complejidad con un elevado coste, imposible de sostener en la actual coyuntura de crisis, han provocado un deterioro en los servicios informáticos de la administración regional, según distintas fuentes sindicales de la función pública.
Primero fue el colapso en la adjudicación de plazas de profesores interinos. El proceso, que se repite todos los años, provocó en esta ocasión la caída del sistema durante varios días, una situación que trajo en vilo no sólo a los profesores afectados sino también a sus familias, ya que algunos destinos, en las alas de la región, implican el cambio de residencia. El nuevo consejero de Educación, Genaro Alonso, apenas había aterrizado en el cargo cuando tuvo que salir a pedir disculpas, al tiempo que hablaba de la necesidad de gestionar con mayor margen de tiempo la adjudicación de más de 2.500 plazas de profesorado en la red pública. Más recientemente, el pasado martes, otra consejera, la de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, tuvo que pedir perdón a los 2.000 afectados por el atasco en la tramitación telemática de los cotos de pesca. Otra vez con un fallo informático de por medio. Fuentes de la administración regional argumentan que el problema en estas tramitaciones se produce cuando en un corto período de tiempo se concentran trámites relacionados con la misma solicitud.
Estos dos colapsos han sido los más notorios, por su trascendencia pública, pero fuentes sindicales aseguran que los fallos en el sistema informático de la Administración "son cada vez más generalizados, tanto en el funcionamiento interno, con impacto en el día a día de los empleados públicos, como de cara a la atención a los ciudadanos".
El origen de este problema se remonta, según las mismas fuentes, a la decisión tomada en los tiempos de bonanza económica de realizar contratos millonarios en el área informática, que dependía de Luis Iturrioz, viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Públicas durante el gobierno de Areces. "Se hicieron contratos millonarios con diversas empresas, que implicaban infraestructuras muy potentes y requerían gran mantenimiento. Pero llegó la crisis y la política de recortes se tradujo en menos dinero para mantenimiento y licencias", explican las mismas fuentes. Ante esa situación, añaden, "hubiera sido necesaria una reorganización y adaptarse para que la administración regional diera respuesta con sus propios informáticos y medios, como hace cualquier empresa privada, pero no ha sido así y los fallos en esa área cada vez son más habituales". Fuentes sindicales también sostienen que hay una falta de coordinación con el Centro de Servicios Informáticos (CGSI), que está externalizado y tiene a su cargo el funcionamiento integral de todas las actividades TIC del Principado, que incluye la atención de más de 1.200 dependencias de toda la administración, desde las consejerías hasta sus organismos y entes públicos.
Los sindicatos con representación en la función pública se han mostrado siempre críticos con la privatización de servicios informáticos, ya que entienden que la apuesta por ese modelo ha relegado a la plantilla especializada en esa área que forma parte del Principado. Según fuentes sindicales, el volumen de personal informático en la plantilla de la administración regional es ahora inferior a la que había en la época de bonanza económica, cuando se apostó por externalizar la contratación de esos servicios.
