El primer juicio civil que reclama la exhumación de dos republicanos enterrados sin permiso en el Valle de los Caídos se celebró ayer en un juzgado de El Escorial. El litigio es promovido por Purificación Lapeña, quien reclama los huesos de su abuelo y su tío abuelo. El caso de esta mujer es muy similar al de la gijonesa Maribel Luna, que ha recurrido al ONU para que le devuelvan los restos de su abuelo, Aquilino Baragaño, un minero del Pozo Fondón de Sama que fue fusilado en Salas, enterrado en un prado y años después, en 1959, exhumado para llevar sus restos al Valle, por orden del ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega.
"Purificación es la primera que ha tomado esta vía y después iremos los demás familiares. Es una puerta que se abre para nuestra esperanza. Mi caso sigue presentado en la ONU y no tenemos novedades", indicó Maribel Luna, que no pierde la esperanza de recuperar los restos de su abuelo.
La mujer que reclamaba ayer ante el juzgado de El Escorial había promovido antes un proceso penal. Recurrió a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo e incluso al de Estrasburgo, sin éxito. Lapeña compareció ayer en calidad de "víctima indirecta" y junto a ella su marido, Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón. Es la primera vez que un familiar de una víctima del franquismo comparece en juicio.
La mujer reclama los restos de Manuel (fusilado en el barranco de La Bartolina) y Antonio Ramiro Lapeña Altabás (fusilado en la tapia del cementerio de Calatayud). Como en el caso del minero de Sama, la única prueba con que cuentan los familiares es una circular firmada en 1959 por Alonso Vega, en la que se informa del traslado de nueve ataúdes enterrados en Calatayud al Valle de los Caídos. Lapeña pidió que se reconozca la muerte violenta de sus familiares, se les exhume identifique, para enterrarlos donde elija. El fiscal informó favorablemente. El juez dio un plazo de un mes para aportar documentación sobre los desaparecidos.
En el caso de Maribel Luna, el abogado Eduardo Ranz -que también defiende los intereses de Purificación Lapeña-, presentó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU una petición urgente para que se ordene la exhumación. También Maribel Luna solicitó recuperar los restos ante un juzgado de El Escorial, la Audiencia Provincial, el Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo, pero en todos los casos se archivó el asunto por falta de competencia. Luna solo quiere cumplir el deseo de su madre de enterrar a su abuelo en el cementerio de Candaneo (Langreo).
