El Tribunal de Cuentas ha abierto procedimiento de responsabilidad contable en relación a varios de los contratos relacionados con el "caso Marea" de corrupción en la administración del Principado. Por un lado, el órgano fiscalizador aprecia posibles irregularidades contables en los contratos suscritos entre el Principado y la empresa Implans Mounts, una de las supuestamente utilizadas por la exjefa de sección Marta Renedo para desviar ingentes fondos regionales. También habría irregularidades en la contratación de las obras de adaptación de calefacción para el sistema geotérmico en el IES de Infiesto (Piloña), unos trabajos que la Consejería de Educación contrató a Nora Proyectos & Ingeniería, en la época en que el socialista José Luis Iglesias Riopedre era su responsable. En el sumario del caso, que sigue parado en la Audiencia de Oviedo a la espera de que se resuelva un recurso presentado ante el Tribunal Supremo, figuran conversaciones entre Riopedre y el empresario Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, para la contratación de la empresa del hijo del consejero, Geogal. El proyecto del IES de Infiesto se contrató a Nora (empresa de la que Muñiz se define como comercial) y ésta a su vez subcontrató el estudio de geotermia a Geogal.
El Tribunal de Cuentas da un plazo de nueve días para que los legalmente interesados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable (el Ministerio Fiscal, Letrado del Estado, representante legal de la entidad del sector público perjudicada en el supuesto de que su representación no se halle a cargo del Servicio Jurídico del Estado y los presuntos responsables de las irregularidades) puedan comparecer en estos dos procedimientos de reintegro por alcance.
Los auditores podrían exigir a los responsables la devolución de fondos por estos contratos. En el caso de las obras del instituto de Infiesto, la cuantía ascendió exactamente de 221.213,93 euros. Por otra parte, Implans Mounts recibió más de 600.000 euros de las administraciones públicas. Según el edicto publicado ayer por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el procedimiento de reintegro por alcance por los contratos de Implans Mounts parten de una denuncia del Ministerio Fiscal, basada en el escrito remitido por el portavoz del grupo parlamentario mixto-UPyD en el parlamento asturiano, en la que se ponen "de manifiesto una serie de irregularidades detectadas en el pago de prestaciones, aparentemente no recibidas, derivadas de diversos contratos celebrados por la consejería de Administraciones Públicas y Portavocía del Gobierno.
Estos dos edictos se la Sección de Enjuiciamiento (Departamento 2º) del Tribunal de Cuentas demuestran, según la diputada regional del Partido Popular Susana López, que el "Caso Marea" "sigue existiendo". "El PP continuará controlando el caso y más cuando está relacionado con un área tan sensible como es el de educación y se juega con el dinero de todos los asturianos". López adelantó que su formación ha solicitado información sobre el contrato de obras del instituto de Infiesto y "todos los informes que afectan a la empresa investigada y a la consejería de Educación".
Hasta doce piezas
Los procedimientos de reintegro por alcance derivan de las diligencias de investigación abiertas por el Tribunal de Cuentas a raíz de que la comisión de investigación parlamentaria del "caso Marea" le remitiese documentación referida a las presuntas irregularidades cometidas. Los diputados enviaron un total de 199 contratos, así como dos expedientes de subvenciones. El monto de los supuestamente malversado ascendía a unos 2,1 millones de euros.
El órgano fiscalizador con sede en Madrid dividió su investigación en doce piezas separadas, para revisar expedientes de las consejerías de Administraciones Públicas, Cultura, Asuntos Sociales y Educación. Los contratos analizados abarcan un arco de una década. Previsiblemente, en fechas próximas se dará a conocer la apertura de nuevos procedimientos de reintegro.
La información fue remitida por el entonces diputado de UPyD, Ignacio Prendes, quien consideraba imprescindible la devolución de los fondos escamoteados a las arcas públicas.
