Hay quien considera que se trata de una leyenda urbana, pero los expertos niegan la mayor. Los procesos de incapacidad temporal están disminuyendo, y no solo porque haya un mayor empeño en luchar contra el fraude, sino porque hay un mayor número de trabajadores que evitan pedir la baja por miedo a perder el trabajo. El asunto se suscitó ayer en la I Jornada Laboral de Asturias, organizada por el Colegio de Graduados Sociales de Asturias y la Fundación Justicia Social, vinculada al Consejo General de Graduados Sociales, celebrado en el Auditorio de Oviedo. Franca Moreno Romero, profesora adjunta del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Complutense de Madrid, no pudo ser más clara: "La gente tiene mucho más miedo a perder el trabajo. Hay más posibilidades de que si sale un trabajador de una empresa, haya otro dispuesto a entrar. Como consecuencia, los procesos de incapacidad temporal están disminuyendo, cuando esas bajas podrían ser convenientes para la recuperación del trabajador", indicó.

Puso un ejemplo. "Antes era habitual que un trabajador que se hubiese lesionado un brazo y estuviese escayolado se acogiese a una baja temporal. Ahora es frecuente verlos ir a trabajar con el brazo en cabestrillo". El despido objetivo por acogerse a reiteradas bajas, aunque sean justificadas, que se hace depender del porcentaje de absentismo de la empresa en cuestión, "ha mermado la capacidad de defensa de los trabajadores", sentenció.

La profesora estima que hay otro factor que ensombrece el panorama, y es "la invasión de competencias que se produce desde 2010, que recorta derechos del trabajador que utiliza la incapacidad temporal". Hasta ese año, era el servicio público de salud la que extendía las bajas. A partir de ese año, "se habilita a los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que interfieran también en ese proceso, de forma que ya hay uno más para decidir respecto a las altas". Pero es que además, "si es un inspector del INSS el que da el alta, ya no se puede dar a ese trabajador una baja por la misma patología en un periodo inferior a 180 días". La intención de la reforma "era buena (un mayor control del fraude), pero los resultados no son todo lo satisfactorios que cabría esperar".

El fraude existe -si bien se ha reducido-, pero "en absoluto nos lleva a la ruina económica". Moreno reconoce que algunos médicos de familia pueden ser laxos a la hora de extender una baja, pero también es verdad que "en caso de duda, se protege al trabajador ante la presunta enfermedad que éste alega".

Iván Antonio Rodríguez Cardo, profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y vicedecano de la Facultad de Derecho de Oviedo, abordó la cuestión de la compatibilidad de las pensiones y el trabajo. Es decir, "si una persona que está cobrando una pensión de la seguridad social puede a la vez trabajar y cobrar un salario, teniendo en cuenta que hay mucha gente en desempleo".

En este asunto, dijo, hay consideraciones de reparto del trabajo, de justicia social e incluso de suficiencia de ingresos. "No todas las pensiones tienen una cuantía tan elevada que permita subsistir. Si la cuantía de las pensiones baja, puede parecer razonable que se permitan fórmulas de compatibilización, pero eso puede chocar a un parado que ya no perciba prestación alguna", señaló Rodríguez. En el caso de los discapacitados, añadió, que se impida la compatibilización, puede contribuir a su exclusión sociolaboral. Para Rodríguez, "no hay un problema en el caso de los jubilados, porque, generalmente, quien se jubila no quiere volver a trabajar". El mayor problema se da con las incapacidades permanentes. "La legislación puede parecer injusta al permitir trabajar a este tipo de incapacitados", señaló. No obstante, defendió la compatibilidad, aunque también se mostró partidario de establecer más claramente las actividades a las que los pensionistas se pueden dedicar.