La Fiscalía Superior del Tribunal del Principado ha formulado una querella contra la exalcalde de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, que en la actualidad es diputada regional del PSOE, por archivar multas sin causa justificada entre los años 2013 y 2014. El Ministerio Público también ve indicios de ilegalidad en la actuación del segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Emilio Francisco Carrera. Los hechos, que han dado lugar a la apertura de esta investigación, fueron denunciados por el sindicato Usipa en marzo de este año.
"Cabe considerar que existen indicios racionales suficientes para entender" que el concejal de Seguridad y la alcaldesa de Llanes "con pleno conocimiento de su ilegalidad emitieron de forma arbitraria resoluciones" en varios expedientes de tráfico. La comunicación de la Fiscalía detalla hasta 17 multas que fueron anuladas bien por el concejal de Seguridad o por la alcaldesa "sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico". Varias de las sanciones ni siquiera habían sido recurridas por los conductores multados, según acredita la fiscal que se encargó de instruir las primeras diligencias.
El concejal de Seguridad acordó el archivo de varias de las sanciones "al considerar que el estacionamiento temporal de los vehículos" fue debido a causas tales como bajar del vehículo a personas con alguna minusvalía física, a la descarga de material al servicio de una instalación municipal o a la carga de bultos pesados con motivo de una mudanza de un establecimiento comercial. Otras multas fueron archivadas sin que mediara explicación alguna, tanto por parte de la Alcaldesa, que "en la actualidad es diputada de la Junta General del Principado (escaño número 52)", según especifica en su escrito la fiscal, como del concejal delegado de Seguridad.
Estos hechos "podrían revestir los caracteres de delito contra la administración pública y prevaricación al tratarse de resoluciones, revocaciones y anulaciones de sanciones de tráfico en las que no se observaron las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico", plantea la fiscal que asumió la instrucción de esta denuncia presentada por el sindicato Usipa y en la que citó a declarar, en calidad de testigos, a técnicos y funcionarios del ayuntamiento de Llanes. La Fiscalía ha decidido que se formule la querella ante la Sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la condición de diputada de Dolores Álvarez Campillo, que dejó la alcaldía de Llanes el pasado mes de junio tras formar parte de la candidatura autonómica del PSOE como cabeza de lista en la circunscripción oriental. Ahora el asunto será objeto de instrucción judicial por parte de la Sala civil y penal del TSJA, que es la encargada de los casos en los que están implicados los diputados de la Junta General del Principado, como ya ocurrió en la legislatura anterior en tres ocasiones, con el exalcalde socialista de Cudillero, Francisco González, con el exportavoz de IU, Ángel González, y con el diputado de Foro, José Antonio Martínez, que no obstante renunció a su condición de aforado, ya al final de la legislatura, de tal forma que el asunto, una denuncia presentada por una empleada de una de sus empresas volvió a un juzgado de Langreo para su instrucción.
Los otros dos diputados, Francisco González, acabaron siendo juzgados por la Sala civil y penal del TSJA y condenados, aunque con una diferencia. El exalcalde de Cudillero renunció a su escaño cuando el tribunal decidió la apertura del juicio oral mientras que el exportavoz de la coalición en el parlamento se negó a dimitir, con el argumento de que se consideraba inocente y de que su caso no era un asunto de corrupción, y acabó siendo desposeído de su acta de diputado por la Junta General del Principado después de que su propia formación le conminase primero a entregar el escaño y luego a cesar en el grupo parlamentario de IU.
La Federación Socialista Asturiana (FSA) ante los casos en los que están envueltos sus cargos públicos han situado como listón para la exigencia de responsabilidades políticas, o sea la dimisión o renuncia, que la autoridad judicial competente acuerde la apertura de juicio oral.
