Hay un problema en el sistema tributario. Y hasta ahí llegó ayer el consenso efímero entre el grupo Popular y el Gobierno del Principado en la enésima trifulca parlamentaria a cuenta de la presión fiscal en la región. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y la diputada popular Emma Ramos reeditaron ante el pleno de la Junta General la controversia sobre la política impositiva dejando en el aire la petición de rebaja de Ramos con la asunción de Carcedo de que el modelo tiene fisuras, pero remarcando a continuación que la sutura excede las competencias de la autonomía. A la petición, repetida ayer por el PP, de suprimir de facto el impuesto de sucesiones y donaciones replicó la consejera calculando que la propuesta popular supondría una merma de 35 millones de euros en el presupuesto del Principado; a la misma oferta sobre el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, el llamado "céntimo sanitario", aduce que así se añadirían otros 28 millones más a la resta de ingresos.
"Hay que reformar el sistema tributario", había concedido la titular de Hacienda, "pero no empezar por las autonomías, sino por el Gobierno central, a quien compete establecer un sistema fiscal impositivo que dé solidez a los ingresos, que haga pagar más al que más tiene, que luche contra el fraude fiscal o evite la litigiosidad entre las administraciones", afirmó la consejera sangrando por la herida del conflicto con el Estado por el impuesto autonómico a la banca. Carcedo reprochó una vez más al principal grupo de la oposición que su concepto de rebaja fiscal no se acompañe de una previsión de lugares de donde sacar más ingresos e interpretó que "lo que ustedes proponen es que tengamos menor capacidad en un momento en el que ya tenemos poco y no somos capaces de atender todas las necesidades". La consejera defendió la política fiscal del Principado por "coherente", porque "hace pagar más al que más tiene y se basa en la suficiencia financiera".
Antes, Emma Ramos había sustentado la interpelación sobre el futuro de los impuestos remarcando que "los asturianos no nos merecemos ser los que más pagamos en tributos de toda España" y acentuando especialmente la presión del impuesto de sucesiones. "Siguen sin ser conscientes", aseguró la diputada popular, "de que los asturianos están renunciando a sus herencias" por no poder pagar los impuestos y cifró los desestimientos en 1.501 casos en 2014. Son muchos, a su juicio, en comparación con los 1.014 de Castilla-La Mancha o los 420 de Cantabria en el mismo periodo. Ramos traspasó fronteras para buscar ejemplos al señalar también a las regiones con tipos impositivos más favorables -Aragón, Cantabria, Castilla y León-, a lo que contraatacó la consejera dirigiendo el índice a su vez hacia donde se cobra más -Madrid, Baleares, Valencia, Galicia- y remarcando que aquí "se devuelve el importe a los transportistas".
El debate tributario abrió ayer el fuego en un larguísimo pleno en el que los grupos políticos quedaron emplazados a profundizar en la confrontación de pareceres a medida que se acerque la discusión sobre el presupuesto para 2016. De momento, ayer, IU acusó al PP, por boca de Gaspar Llamazares, de "hablar de impuestos sin referirse a inversiones y gastos" y calificó de "hipócrita" el planteamiento popular a la vista de los incrementos impositivos acometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Emilio León (Podemos) abogó por incrementar los esfuerzos para la armonización fiscal entre autonomías e Ignacio Prendes (Ciudadanos), por emprender "una rebaja fiscal en el marco del debate presupuestario". La presidenta de Foro, Cristina Coto, reincidió en el planteamiento de su grupo coincidente con el del PP respecto a la necesidad de aminorar la carga fiscal que soportan los asturianos y que, a su juicio, "disuade a los empresarios de instalarse aquí" y "asfixia a impuestos a personas físicas y jurídicas".
