Los grupos parlamentarios del PSOE, IU y Ciudadanos ven posible cerrar en un plazo de dos semanas una propuesta de reforma electoral en Asturias que cuente con un amplio apoyo en la Cámara y que introduciría algunos aspectos pioneros en este ámbito en el conjunto de comunidades autónomas.

El grupo de trabajo constituido para abordar este asunto ha mantenido hoy una nueva reunión en la que Ciudadanos ha planteado algunas aportaciones en materia de incompatibilidades para impulsar el concepto de "una persona, un cargo" de forma que, por ejemplo, no se pueda simultanear el cargo de concejal y el de diputado.

La iniciativa de Ciudadanos será debatida en próximas sesiones en las que Podemos, por su parte, se ha comprometido a aportar un documento que recoja sus planteamientos para promover una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones "y que puedan ser agentes de la vida política".

Según su secretario general Daniel Ripa, la reforma no puede caer "en el gatopardismo" de forma "que parezca que cambien todo para que nada cambie" y que sus efectos se limiten al hecho de que el nuevo sistema dé un escaño más o menos a las distintas formaciones.

Para Ripa, el objetivo debe ser "que la gente decida si quiere que le recorten el sueldo o si hay que construir la incineradora" y restar poder a los partidos o a los propios diputados.

Más optimista respecto a un posible acuerdo se ha mostrado el portavoz socialista, Fernando Lastra, que ha destacado el clima "positivo y constructivo" de las reuniones para impulsar una reforma "razonable" de la normativa electoral asturiana que sea acogida por los ciudadanos "de una forma positiva".

En esta línea se ha expresado también su homólogo de IU, Gaspar Llamazares, que ha apreciado "una mayoría cada vez más sólida" para defender una propuesta de reforma electoral que sería "la más avanzada del país" en aspectos como la participación o la proporcionalidad en la asignación de escaños en función de los votos.

La comisión encargada de avanzar en esta reforma - que forma parte del acuerdo de investidura entre PSOE e IU- trabaja sobre la base del dictamen consensuado en la anterior legislatura por la coalición y UPyD con los socialistas que finalmente no fue aprobado dado que estos creían necesario un respaldo más amplio que el de la mayoría absoluta (23 diputados).

PP y Foro rechazaron entonces sumarse al acuerdo y el PSOE mantiene ahora el criterio de que la reforma debe estar respaldada por al menos tres quintas partes de la Cámara -27 diputados-, cifra que sólo se obtendría si su suman al pacto los populares o Podemos.

El dictamen establecía que, de los 45 diputados que integran la Junta, 35 fuesen elegidos en las tres circunscripciones y los diez restantes, fuesen asignados entre los votos no usados (cocientes).

Asimismo, exigía que los cabezas de lista fuesen elegidos por sus partidos mediante primarias y abría la puerta al desbloqueo de las listas electorales de forma que los votantes pudiesen establecer votos preferenciales dentro de la lista que seleccionasen de forma que fuesen elegidos diputados aquellos que obtuviesen un 5 por ciento más de respaldo por esta vía que el resto de candidatos.