Asturias no está sola en la reivindicación de que se revisen los conciertos con el País Vasco y Navarro dentro del marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, que tocará abordar al gobierno que salga de las elecciones del próximo 20 de diciembre. Un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda revela que seis autonomías más, con gobiernos de distinto color político, se suman al planteamiento de Asturias sobre la necesidad de calcular mejor las aportaciones de las comunidades forales por los servicios del Estado.

La posición crítica del Gobierno asturiano con el cálculo de los conciertos vasco y navarro se remonta a la llegada de Javier Fernández al Principado, que ha advertido repetidas veces de la situación de desigualdad entre las autonomías incluidas en el régimen común de financiación y las comunidades forales. El presidente del Principado no es contrario a la existencia de esos dos conciertos, que se remontan a la época de la Transición pero sí reclama que se actualice el cálculo, una posición en la que coincide con el economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos de España en materia de financiación autonómica.

El informe elaborado por el Ministerio de Hacienda recoge que varias autonomías apuntan a que las diferencias que existen entre ambos regímenes se concretan en que "País Vasco y Navarra cuentan con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario y con unos niveles de financiación muy superiores". Asturias es una de las comunidades que defiende que el resultado económico de los regímenes forales constituye "un privilegio financiero ajeno a los principios constitucionales que los sustentan".

El gobierno asturiano, según el citado informe ministerial, considera que los conciertos del País Vasco y Navarra deberían ser "calculados correctamente para que su resultado en términos de recursos por habitante ajustado sea equiparable al que ofrece el régimen común".

Varias comunidades autónomas del régimen común reivindican que el País Vasco y Navarra no tengan mejor financiación que el resto y que contribuyan en los mecanismos de solidaridad con el conjunto de autonomías para una correcta contribución para financiarlas a todas.

Castilla y León constata, por ejemplo, una "sobrefinanciación" de Navarra y País Vasco, ya que la media de sus recursos disponibles es superior en un 75 por ciento a la del resto, e interpreta que no se trata de algo consustancial al régimen foral, sino que es producido por una "defectuosa aplicación" práctica del mismo, que produce "perjuicios a los ingresos del Estado y de las comunidades". Baleares aprecia que los resultados de liquidación del cupo vasco y la aportación del convenio navarro suponen "una contribución significativamente menor" a la solidaridad que la derivada del sistema de régimen común. Por su parte, Cantabria evidencia que el régimen foral tiene mayor capacidad para establecer normativa tributaria propia, lo que genera "situaciones de inequidad". También Murcia avisa de la "excesiva financiación" de la que gozan las comunidades forales.

Para Castilla-La Mancha, "la coexistencia de los dos modelos de financiación autonómica genera mucha desigualdad". Un juicio compartido por Extremadura que ve "significativamente mayor" la financiación per cápita en País Vasco y Navarra y apunta la necesidad de que ambas comunidades formen parte del sistema de financiación autonómica.