Al gobierno asturiano no le salen aún las cuentas para poder iniciar este año la devolución de la extra de navidad, que fue suprimida en 2012. La consejera de Hacienda no sabe si tiene disponibilidad presupuestaria para afrontar el pago de 19 millones de euros antes del 31 de diciembre. Dolores Carcedo no descarta realizar esa devolución pero tampoco la confirma y, entre tanto, pide al Gobierno central que el reintegro del 26 por ciento de la "extra" a los empleados públicos no compute como déficit en las cuentas que Asturias debe presentar a fin de año, y que sea el Estado quien asuma esa deuda.
"Tenemos unos límites presupuestarios importantes. El compromiso de este gobierno es garantizar la recuperación de los días, a partir del 1 de enero de 2016 y tenemos que analizar las posibilidades presupuestarias. Nos hemos dirigido al Gobierno para que no compute como déficit", comentó Carcedo a una interpelación planteada por el diputado de Podemos, Enrique López. Con la petición al Ministerio de Hacienda, el Principado pretende que sea el Estado el que asuma el déficit por de la devolución de la "extra" en todas las autonomías.
El Gobierno asturiano se encuentra ante un problema complejo: debe encontrar 19 millones en un presupuesto ya muy ajustado, y con el ejercicio muy avanzado, si no quiere quedar por detrás del Gobierno central y de algunos ayuntamientos que, como el de Oviedo, han confirmado que devolverán parte de la extra este año. Carcedo no vaciló en señalar como "electoralista" la devolución de la extra, en vísperas de las generales. Y ese reintegro tiene que ajustarse a un límite de déficit que la Consejera juzga siempre de "excesivo y asfixiante" para las autonomías. La alternativa, más costosa en términos sociales, sería retrasar el inicio de la devolución de la extra a 2016 y completar los pagos pendientes en enero de 2017 y en enero de 2018.
López, de Podemos, responsabilizó al gobierno socialista de haber realizado "un ERE en toda regla, eliminando cuatro mil empleos públicos en tres años" en Asturias tras aplicar "con celeridad recortes sociales, económicos y laborales, amparándose en la obligatoriedad" de una normativa básica dictada por el gobierno de Mariano Rajoy.
Gaspar Llamazares, de IU, no ocultó su inquietud: "Nos preocupa que no seamos capaces de encontrar 19 millones. Es que la cosa está muy mal". El popular Luis Venta retó a Carcedo "a aplicar esa medida electoralista". Cristina Coto (Foro) y Ignacio Prendes (C´s) urgieron la devolución de la extra.
