Los concejos asturianos se enfrentan a un hipotético desembolso de 3 millones de euros en cada convocatoria de los planes de empleo si todos los beneficiarios reclamasen judicialmente quedar como indefinidos en las respectivas plantillas municipales. Las dos últimas convocatorias para los planes locales de empleo supusieron la incorporación de una media de 700 trabajadores en cada una. Si todos los beneficiarios optaran por denunciar sus contratos, las arcas locales de los consistorios deberían abonar tres millones de euros, según coincidieron ayer en señalar distintas fuentes tomando como referencia las indemnizaciones pagadas hasta ahora. Estas cuantías podrían poner en riesgo los ya ajustados presupuestos municipales.
Los planes locales de empleo consisten en que los ayuntamientos puedan contratar durante un año a parados de larga duración, con prioridad para los mayores de 45 años. Para ello, reciben una subvención que cubre el cien por ciento del salario y de las cotizaciones.
El problema surgió cuando se abolió el contrato temporal de inserción, y a los trabajadores se les hacía por obra y servicio, lo que no es aplicable a su condición. Además, según las denuncias presentadas, realizaban tareas propias de personal de estructura municipal. Por eso, prácticamente la totalidad de las reclamaciones han sido favorables a los denunciantes. Esto implica que, por sentencia judicial, los ayuntamientos se ven obligados a incorporarlos a sus plantillas como indefinidos no fijo o a despedirles. Ésta última opción es por la que están optando los consistorios, lo que supone abonar indemnizaciones cuya cuantía depende del convenio colectivo de cada ayuntamiento -porque por sentencia ya son personal municipal-. La media se sitúa en 4.000 euros por demandante. La Federación de Concejos (FACC) trabaja a marchas forzadas para encontrar una solución.
