El tono de Ignacio Vidau respecto a la gestión judicial del Principado fue ayer mucho más conciliador que el pasado julio, cuando presentó un demoledor informe que detallaba de forma pormenorizada las carencias de la Justicia asturiana. El presidente del TSJA concedió que "la Sala de Gobierno ha sido informada de las buenas intenciones del Gobierno regional en forma de proyectos", pero se mantuvo en guardia. "Ahora queda que se materialicen presupuestariamente para poder trabajar en las condiciones que merecemos. Nos sentimos obligados a pedir un esfuerzo adicional", indicó Vidau. Poco antes había señalado "la falta de voluntad política, tanto a nivel estatal como autonómico, para hacer de la Justicia una prioridad, aunque sea en un contexto de crisis económica, lo que no hace más que cuestionar la efectividad real del Estado de derecho".

El presidente del TSJA, ante la mayor parte de las autoridades judiciales, políticas, civiles y militares de la región -faltó el vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, convocado a un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces-, añadió que "la Justicia asturiana tiene que bregar con una planta judicial distribuida de forma obsoleta, un modelo que data de 1870 y ya no es sostenible". La urbanización y desarrollo industrial "han provocado que numerosos partidos judiciales carezcan hoy de sentido", por lo que urge modificar la demarcación "de manera que apueste por criterios de eficiencia, con las ventajas organizativas y económicas que ello comportaría, garantizando la cobertura de plazas titulares, la división de jurisdicciones y la sustitución entre profesionales".

El proyecto de nueva demarcación judicial, que conllevaría el recorte de los partidos judiciales y la creación de los tribunales de instancia, estuvo sobre la mesa del CGPJ y del propio TSJA, pero parece haber quedado relegado. Según un primer borrador, los 18 partidos asturianos iban a quedar reducidos a ocho, lo que levantó ampollas en algunos municipios, que temían el impacto económico y social de perder su Juzgado. La intervención del ayer ausente Álvaro Cuesta garantizó que ciudades como Gijón no perdiesen su cabecera judicial y contasen con un tribunal de instancia.