El consejero de Empleo, Francisco Blanco, no quiso desentenderse del problema. Eso dijo, y que la convocatoria autonómica de ayudas que permite a los ayuntamientos contratar a los beneficiarios de los planes de empleo está "bien hecha", pero también que es decisión de los municipios la elección de la fórmula de contratación, en la práctica la espita que ha dado pie a los trabajadores a denunciar, a reclamar su ingreso en las plantillas o a ser indemnizados y a abrir a la postre una amplia grieta en las arcas municipales. El problema reside en que el tipo de contrato no se ajusta a las condiciones reales de trabajo de estos empleados. Los contratan por obra y servicios desde que desapareció, en 2006, el "contrato temporal de inserción", que sí se adaptaba sin dificultad al tipo de labores del adjudicatario de un plan de empleo, y que "sería conveniente que se volviese a regular, aunque fuese ligado a estos planes". Eso afirmó ayer Blanco en la Junta, a preguntas de IU y el PP y sin dejar de asumir la doble certeza de que esa modalidad fue suprimida "por un gobierno socialista -el de Zapatero-" ni que "el PP tampoco lo ha restituido".
