Exigen a Riopedre los 210.000 euros del contrato a su hijo

El Tribunal de Cuentas cifra en esa cantidad el perjuicio a las arcas públicas por el sistema de geotermia del instituto de Infiesto

17.10.2015 | 05:02
José Luis Iglesias Riopedre.

El Tribunal de Cuentas exige al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y a Consuelo Carrera Suárez, ex jefa del Servicio de Planificación, Centros e Infraestructuras del mismo departamento, que depositen la cantidad de 210.249,10 euros, cantidad en la que calcula el menoscabo a las arcas públicas por el contrato suscrito con la empresa Nora (vinculada a Víctor Manuel Muñiz) para la instalación del sistema de geotermia de instituto de Infiesto, que se subcontrató a la empresa Geogal, propiedad de Ernesto Iglesias, hijo del político socialista. El consejero habría promovido el proyecto y la segunda firmado la recepción de las obras. En caso de que no consignen esta cantidad, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de ambos. Cabe destacar que la iniciativa del Tribunal ha sido decidida de oficio. Los dos requeridos han recurrido la petición.

Esta es la primera consecuencia del procedimiento de reintegro por alcance abierto por el tribunal a raíz de que el diputado de Ciudadanos (entonces de UPyD) Ignacio Prendes remitiese al Tribunal de Cuentas, tras solicitar infructuosamente que los hiciese el Gobierno de Javier Fernández, los resultados de la comisión parlamentaria del "caso Marea", en la que se detectaron un total de 199 contratos y dos subvenciones fraudulentos.

Cuentas inició una docena de actuaciones previas, de las que se han archivado ocho, no porque no se haya detectado un claro menoscabo a las arcas públicas, sino porque no se cumplen los requisitos de la responsabilidad contable. El tribunal ha continuado con cuatro de los expedientes, el ya citado de Riopedre y Carrera, y otros tres relacionados con contratos suscritos por Cultura con Oxiplans, Implant Mounts y Roland Telecomunicaciones, empresas presuntamente utilizadas por la exfuncionaria Marta Renedo para desviar 1,1 millones.

En el caso de estas tres actuaciones previas de Cuentas, el Principado, personado como perjudicado, solicitó el sobreseimiento, pero la Fiscalía, que aprecia responsabilidad contable, por lo que el juez decidió continuar con el procedimiento de reintegro por alcance y ha solicitado a Renedo que consigne las cantidades, so pena de embargo. Prendes sostiene que estos procedimientos tienen preeminencia sobre el proceso penal que se sigue en la Audiencia.

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