A la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, no le ha sentado bien que el Gobierno de Javier Fernández haya anunciado una plan estratégico judicial sin haberla consultado. Ayer, en la presentación de su memoria anual ante la Junta, y aunque el diputado socialista José Marcos Gutiérrez había asegurado que sería escuchada para la elaboración del plan director, se mostró irónica. "Me encanta lo del plan estratégico, pero me gustaría saber de qué va. No sé más que nadie, pero tengo 30 años de experiencia y he estado en otros planes estratégicos. Permítaseme decir algo, puedo aportar", fue el lamento que lanzó al aire, dirigido a los responsables del Gobierno, que por otro lado no estaban en la sala Martínez Marina, donde compareció casi tres horas.

Fernández no escatimó datos sobre las carencias que arrastra el ministerio público, hasta el punto de afirmar que "la Fiscalía se colapsó, a finales del año pasado, por falta de funcionarios". Hay 51 fiscales, pero tan solo 43 funcionarios, "un número insuficiente" para desempeñar el trabajo de una Fiscalía que además tiene que manejar "ordenadores obsoletos", que no pueden con el programa con el que trabajan.

Claro que todo puede empeorar. "Cuando llegué, en 2013, había cubos en los pasillos", aseguró haciendo referencia a las goteras de las dependencias. "No tenemos impresora de color. Nuestro escáner no permite incorporar documentos, con lo que tengo que hacer perder una mañana a los funcionarios para que transcriban los escritos", indicó. Y así está la Justicia en Asturias, con "funcionarios repitiendo el trabajo cinco veces".

Si fuese por ella, tendría 51 tramitadores, más el cuerpo de auxiliares, aunque es consciente "de que no hay dinero". Lo que Fernández no puede aceptar es que no existan unas pautas, normas. En primer lugar, considera que no debería estar perdiendo el tiempo con cuestiones administrativas, "gestionando bajas laborales, permisos, días libres, vacaciones". Y la razón es clara: "Yo soy jurista". "El funcionamiento de una institución reconocida en la Constitución como es la Fiscalía no puede depender del trato personal, de que yo descuelgue el teléfono para decir lo que hay que arreglar. Es preciso que haya un gestor de personal y un jefe de medios tecnológicos, que se establezca de forma automática un incremento de personal cuando aumenta el número de fiscales (incluyendo la creación de una bolsa de trabajo), que la Fiscalía cuente con una partida específica en los Presupuestos, y poner en marcha la Unidad Fiscal", indicó.

Preguntada sobre la puesta en marcha del expediente electrónico prometida por el Gobierno para el 1 de enero, no pudo ser más irónica: "No lo sé. Me encantaría, saltaría de alegría, pero me sorprendería mucho".