Los responsables de la empresa de seguridad contratada por el Principado para la vigilancia de juzgados, instalaciones sanitarias y centros de menores quedaron en libertad tras declarar en el Juzgado de Monforte de Lemos (Lugo). La jefa en Asturias, B. R., coordinadora de seguridad de Sograndio, salió libre el mismo día de su detención, el viernes, tras comparecer -se incorpora hoy a su puesto-, y también el jefe en Canarias. Ayer se acordó la puesta en libertad, a primera hora de la tarde, del gerente, C. S. F., defendido por el exjuez Javier Gómez de Liaño. Deberá presentarse en el juzgado cada 15 días.
La investigación se inició tras una denuncia del Sindicato Asturiano de Seguridad (SAIS-USIPA) ante Trabajo, según la cual, la empresa había cometido fraude en las cotizaciones de 98 trabajadores, no solo de Asturias. Trabajo reclamó 348.000 euros por cuotas no pagadas y derivó el asunto a la Fiscalía, al superar el fraude los 90.000 euros. En noviembre, el sindicato presentó un informe ante la Junta detallando las irregularidades. SAIS-USIPA estima que "el Gobierno tiene un serio problema, no siempre la empresa más barata es la más recomendable". La Asociación de Vigilantes Privados (AVISPA) pidió ayer "la rescisión inmediata y urgente de los contratos".
El Consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, indicó ayer en Ibias que los servicios jurídicos del Principado están estudiando qué hacer. "La empresa tiene que cumplir con el contrato y con los trabajadores", indicó. El problema también afecta a Gijón, puesto que la empresa vigila la Empresa Municipal de Aguas.
