Una de cada siete asturianas maltratadas se acoge a la dispensa de declarar contra sus parejas y presuntos agresores, según datos del Observatorio contra la Violencia de Género del segundo trimestre del año. Ese 13,6 por ciento de mujeres de Asturias que prefieren no declarar contra sus maridos está ligeramente por encima de la media nacional, que es del 12,9 por ciento.

De abril a junio de este año se presentaron 572 denuncias por maltrato, la gran mayoría a través de las fuerzas policiales. Este número supone un aumento del 2 por ciento respecto al trimestre anterior. En 102 casos, las denuncias se formularon directamente por los agentes, tras recibir noticia de una agresión. El número de maltratadas en Asturias es de los más bajos del país, 10,42 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a las 13 de la media nacional.

Victoria Carbajal, de Abogadas para la Igualdad, indica que "a las mujeres se les repite mucho la posibilidad de no declarar, y al final algunas se lo piensan". Sin embargo, el Supremo ha indicado que, "en el caso de que una mujer haya presentado denuncia y se haya personado como acusación, de alguna forma está renunciando tácitamente a esa dispensa". Lo que también constata el Observatorio es un incremento en la concesión de órdenes de protección. Hasta hace unos meses, Asturias estaba a la cabeza, con Madrid y Barcelona, en el número de órdenes rechazadas, que rondaba el 60 por ciento. Ahora, la proporción se invierte. De las 190 incoadas, 4 no se admitieron, y 65 (el 34 por ciento) fueron rechazadas, de forma que se adoptaron en 121 casos, un 64 por ciento. Paradójicamente, Asturias ha pasado a tener un porcentaje de órdenes admitidas superior a la media del país, que es del 56 por ciento.

El gran número de órdenes rechazadas llevó a las asociaciones a presentar un queja formal contra la entonces titular del Juzgado de Violencia de Oviedo, a la que el Consejo del Poder Judicial abrió expediente, archivado más tarde al no apreciarse irregularidades. La juez terminó dejando el Juzgado este verano. Según Victoria Carbajal, "los jueces tienen ahora menos en cuenta las valoraciones de riesgo de las fuerzas de seguridad, que indefectiblemente arrojaban un riesgo bajo, y tienen en cuenta otros factores".