"La Ley sitúa al Consejo Económico y Social del Principado como órgano de participación y consulta en materia socioeconómica y laboral". La realidad, al borde del precipicio. La definición viene de la disposición normativa que instituyó en Asturias, desde 1988, el segundo CES autonómico de España. El estado de riesgo, de la disposición que ha votado la Junta General del Principado a favor de debatir la supresión del organismo. El Principado de Asturias ha puesto en juego así la posibilidad de ser la séptima región española que prescinde de su organismo consultivo de asesoramiento y orientación de la actividad legislativa. La austeridad ya se ha comido estos entes en Madrid, Cantabria, La Rioja y Ceuta. En Baleares y Castilla-La Mancha los nuevos Gobiernos buscan fórmulas para restituir lo que también retiraron sus antecesores y hay once resisten, algunos entre presiones. En Asturias, el parlamento ha votado a favor de la toma en consideración de una proposición del PP que alienta a la cámara a cerrar el CES. Es el primer paso, secuela del que los populares ya trataron de dar la legislatura pasada, cuando el parlamento frenó su pretensión de suspender temporalmente las funciones del organismo.
El Consejo Económico y Social asturiano había gastado, a fecha del pasado 15 de octubre, 486.876 de los 756.144 presupuestados para todo este ejercicio. La institución ya no cuesta los 1,2 millones del tope de gasto que alcanzó en 2009 y sus detractores parlamentarios le han afeado además que tres cuartas partes de lo que cuesta se vaya en personal. ¿En qué personal? El CES son once plazas que nunca se han cubierto íntegramente y ahora nueve, además del presidente la secretaría general, dos técnicos -uno del área jurídica, otro de la económica, la socióloga está en excedencia-, dos jefes de negociado y un auxiliar que se ocupan de la labor administrativa y de la edición de las publicaciones, una responsable de gabinete y un ordenanza. El 15 de octubre, el gasto en personal había cubierto 334.476 euros de los 547.390 de su presupuesto anual. Son más de 100.000 euros menos de lo que costaba la plantilla en 2010, pero a la Junta no le ha parecido suficiente y debatirá la supresión del organismo por caro e improductivo, por el coste de su personal, por el de los 100.000 euros que se van este año "en transferencias a las instituciones que lo forman" y la escasez de sus informes. Así apuntalaron su versión en la cámara los representantes del PP, Foro, Ciudadanos y Podemos.
Dividiendo el presupuesto entre dos, el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons calculó en 450.000 euros el coste de cada uno de los dos únicos dictámenes que produjo el CES en 2014. El presidente del organismo, Nicolás Álvarez, opone que su trabajo consultivo esencial, sus informes preceptivos sobre las leyes que se tramitan en la Junta, se efectúa a instancia de parte, o que si en un año hay dos informes "es porque la Junta sólo da curso a dos leyes", argumenta.
En una votación insólita en esta legislatura en el pleno de la cámara, el alineamiento de Podemos con el ala derecha del hemiciclo dejó a PSOE e IU solos en la custodia del CES. Sus diecinueve votos, insuficientes sin más apoyos, defienden en solitario la continuidad de una institución cuya importancia reside, al decir del portavoz socialista, Fernando Lastra, en que el CES "es un mecanismo de participación social institucionalizada", un espacio de asesoramiento en la labor legislativa que junta a la patronal y los sindicatos, a la Universidad o a los municipios, y que estos instrumentos "se introdujeron en Europa por primera vez en la constitución alemana de Weimar, en 1919, como algo constructivo y progresista para dar voz a las organizaciones de trabajadores y empresarios" en el abordaje de la crisis de entreguerras. "No es un invento español ni asturiano".
Hablando de su utilidad, Nicolás Álvarez añade que el asturiano es "el único CES de España que tiene entre sus funciones preceptivas la elaboración de un dictamen sobre los presupuestos autonómicos", un informe que "de algo servirá", apostilla, "cuando la oposición insistentemente los reclama, porque allí se dicen cosas que no gustan al Gobierno". El presidente aviva más el debate.
-¿Qué se iría con el CES?
-Algo que no sabemos quién haría después. Se ha dicho que para esto existe el comité de sabios, pero ellos tienen una función totalmente distinta. No entran a valorar un proyecto de ley, sólo informan al gobierno. Nosotros, en cambio, no le decimos lo que tiene que hacer, valoramos las disposiciones legislativas y sugerimos lo que hay que corregir, añadir, simplificar para mejorar la calidad de las leyes.
