La Junta pide la derogación de una norma que permite a los médicos oponerse al criterio de las familias

En los casos de enfermos terminales en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente

26.10.2015 | 19:58

La Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado, con los votos en contra del PP, una Proposición No de Ley que instará al Gobierno del Principado a que pida al central la derogación de una disposición, incluida en la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia de julio de este año, que vincula la decisión sobre el tratamiento de un paciente terminal al "mayor beneficio para la vida y salud del paciente".

La disposición contempla que en los casos de enfermos terminales en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. "Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente", continúa la norma.

Durante el debate parlamentario en la Comisión de Sanidad celebrada este lunes en la Junta, los representantes de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Foro y Ciudadanos han acordado trasladar el debate al pleno de la Cámara, donde se someterá a la votación de todos los parlamentarios asturianos, para así instar al Gobierno asturiano a que pida al Ejecutivo nacional la derogación de esta disposición.

La PNL fue defendida por la diputada de IU Marta Pulgar, quien, en su exposición de motivos, ha criticado que esta modificación de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica es "un paso atrás" en la concepción de la libertad de elección del tratamiento y la no prolongación de la vida.

La modificación, ha dicho, se ha hecho "por la puerta de atrás" y "arrebata una parcela de la capacidad de decidir del enfermo y de sus propios familiares". Pulgar entiende que "limita" la conciencia de los enfermos terminales y "reserva" a los profesionales la toma de la decisión. "Es una ley en la que figura una amenaza explícita a los que no cumplan los criterios establecidos, creemos que la normativa da un paso atrás en la autonomía del paciente", ha manifestado.

En la proposición de IU también se incluyen medidas para iniciar una campaña que dé a conocer el Testamento Vital y para qué sirve.

A la hora de fijar posiciones, el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes ha mostrado su apoyo a la iniciativa al entender que la modificación "se hizo sin la debida reflexión en una ley que no tenía por objeto tratar esa cuestión". A pesar de su voto afirmativo, Prendes ha señalado que el tema "requiere una reflexión mucho más profunda" que la realizada hoy en el parlamento asturiano.

En la misma línea se ha manifestado el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca, quien ha acusado al Gobierno central de haber "privado" a la sociedad del debate en torno a este tema.

Por su parte el diputado de Podemos Andrés Fernández ha mostrado su apoyo en contra de una modificación "abusiva" que quiso "someter las voluntades de los pacientes al fanatismo acientífico del PP". Asimismo, ha asegurado que esta modificación puede responder a poderes que "imponen antidemocráticamente sus creencias, saltándose las reglas del juego".

En sentido opuesto, el diputado del PP Carlos José Suárez ha defendido la inclusión de esta disposición en la ley de protección de la infancia y adolescencia al entender que los cambios afectan a los menores. Sobre la acusación de Podemos al PP, Suárez ha criticado su intervención vinculándola a "elucubraciones mentales conspiratorias".

Finalmente, la diputada del PSOE Verónica Vior ha mostrado el apoyo de su grupo parlamentario a la iniciativa de IU, y ha recordado que, aunque la disposición se haya incluido en una ley relativa a los menores, afecta a todos los pacientes. "Permite a los profesionales que, si creen que hay una discrepancia entre lo expresado por los familiares y la salud del paciente, puedan llevar a cabo medidas en contra de voluntad de la familia", ha criticado.

No ha tenido el mismo éxito otra Proposición No de Ley presentada por IU, esta relativa a la puesta en marcha en el ámbito de la sanidad pública de un programa de sustitución de las horas extraordinarias y las jornadas complementarias por nuevo empleo, y sobre el cumplimiento por el Sespa de la normativa de descansos para el personal. Los votos en contra del PP, PSOE y Foro ha imposibilitado que la PNL prosiga su tramitación.

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