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JAVIER GONZÁLEZ VEGA | Catedrático de Derecho Internacional Público

"La opinión pública no se puede desentender, se juega mucho en el Tratado con EE UU"

"Aquí veo pasividad, en Alemania los sindicatos presionan en una cuestión crucial para preservar el modelo social"

Javier González Vega. LUISMA MURIAS

A falta de luz y taquígrafos, debate en la Universidad de Oviedo sobre el Tratado de Libre Comercio e inversión que negocian la Unión Europea y Estados Unidos. El catedrático de Derecho Internacional Público Javier González Vega será uno de los ponentes en la mesa redonda sobre el Acuerdo Transatlántico en materia de comercio e inversiones (TTIP), junto a los profesores Ángel Espiniella (derecho internacional privado) y Lennart Koch (Filología Alemana), que tiene lugar hoy a las siete de la tarde en el aula Rector Alas del edificio histórico. No están de más estas iniciativas ante el oscurantismo que preside las negociaciones y su poca repercusión en la sociedad española y asturiana, advierte González Vega.

-¿Hay que poner cautelas a la opacidad con la que se desarrollan las negociaciones del Tratado transatlántico?

-El contenido de la negociación, efectivamente, se mantiene secreto. La última ronda negociadora todavía tuvo lugar en Miami la semana pasada y no se conoce nada de sus pormenores. Ahora bien, el carácter confidencial en las negociaciones que tienen lugar en los foros internacionales es una regla de oro. En honor a la verdad, la Comisión Europea ha dado cierta publicidad a algunos contenidos. En los últimos tiempos, no antes, la Comisión está publicando el contenido de las propuestas que presenta en las rondas negociadoras. Lo que no sabemos es lo que dice Estados Unidos.

-¿Ese oscurantismo abona el terreno para los lobbys?

-Eso sí es presumible. En ese carácter de confidencialidad nada quita para que determinados grupos de presión traten de trasladar sus posiciones para maximizar las condiciones de la liberalización comercial. Los lobbys siempre utilizan los recovecos pero esos contactos están regulados. Lo único que tiene un carácter público en las rondas negociadoras son los contactos con lo que se llama partes interesadas. Hay una dimensión de lobby en abierto; otra cuestión es que haya reuniones no tan conocidas.

-¿Hay que estar alerta ante la negociación de este Tratado?

-La opinión pública tiene que ser consciente de lo que se juega y no desatender esta cuestión que es crucial para presionar a las autoridades y a los gobiernos si lo que queremos es preservar el modelo social europeo.

-¿Cree que la opinión pública española está al corriente de la trascendencia del Tratado?

-En absoluto. Es bastante significativo que esta mesa redonda la organice un profesor de filología alemana. En Alemania los sindicatos llevan tiempo manifestándose en las calles y en todo tipo de foros como parte interesada. No es por nada, pero no me parece haber visto a los sindicatos españoles pronunciarse de forma abierta y clara. No he visto esa reacción en los interlocutores sociales. Hay cierta pasividad. Si no se trasladan estas cuestiones, difícilmente puede movilizarse la opinión pública.

-¿El Tratado de libre comercio Transatlántico afectará a los derechos laborales?

-Es evidente que todo proceso de liberalización comercial, en la medida que facilita el acceso a productos con una reducción significativa de los aranceles, entraña una transformación de las condiciones en que esos productos llegan al mercado. Los productos que llegan de áreas con costes laborales más reducidos van a desplazar del mercado a los que se producen en áreas con costes más gravosos. Se ha hablado de la posibilidad de obligar a EEUU a ratificar tratados de la OIT sobre derechos sociales, aunque no sé hasta qué punto se materializará.

-Hace unas semanas, una diputada de Podemos salía al hemiciclo de la Junta con una botella de Sidra-cola para advertir del riesgo de que las multinacionales coparan productos autóctonos. ¿Es un riesgo real?

-Si los productos están blindados con denominaciones de origen protegidas será más difícil. Hay unas reglas en materia de propiedad industrial o intelectual que limitan la posibilidad de producir el mismo producto. Asturias tiene una cierta protección aunque quizá haya que mejorar ese modelo para evitar productos que entren en competencia.

-¿El Tratado será un traje a medida de las multinacionales?

-A día de hoy los grandes valedores del tratado de libre comercio son las grandes empresas, estadounidenses y europeas. Sin duda, están absolutamente volcadas. Lo que quieren las grandes empresas no es lo que beneficia a las pequeñas y medianas. En los últimos tiempos la oficina de la Comisión Europea en España se ha dedicado mucho a cortejar a las pequeñas y medianas empresas para destacar las ventajas que tendría el tratado de libre comercio en ese ámbito. No sé hasta qué punto es una estrategia para atraer a sectores que por ahora no ven tan claro el beneficio.

-¿La aprobación del Tratado Pacífico supone un estímulo o un obstáculo para que haya un acuerdo entre Estados Unidos y Europa?

-La conclusión de la negociación en el marco de la asociación transpacífica puede distraer el esfuerzo de los negociadores estadounidenses. Todo el trabajo que les queda para que ese acuerdo reciba la aprobación del Senado puede suponen una desatención a la negociación con otra área.

-¿El Tratado abrirá la puerta a la privatización de servicios básicos como la sanidad y la educación?

-Una eurodiputada del PSOE afirmó el pasado verano que esa era una línea roja y antes, en marzo, el embajador de los Estados Unidos y de la Comisión Europea manifestó que no estaba en la intención de los negociadores entrar a saco en los servicios públicos y que se respetaba la potestad de los estados. Pero esta semana la comisaria Cecilia Malmström reconocía que se iba a empezar a considerar esa cuestión. Las negociaciones van a estar abiertas hasta el último minuto y no sé cuánto hay de cierto en esas posiciones. Lo que parece claro es que si se pasan algunas líneas rojas algunos países van a poner el grito en el cielo y conviene recordar que el tratado debe ser ratificado por los 28 países miembros de la Unión Europea. Si un solo país lo veta, el Tratado no sale adelante.

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