El servicio de Vigilancia Aduanera ha pedido a la juez Pilar de Lara que cite a declarar como imputados al exalcalde de Oviedo y portavoz del PP ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, y al exconcejal gijonés Manuel Pecharromán, por la "trama del agua". Así consta en un informe fechado el pasado 25 de julio que forma parte del sumario del "Caso Pokémon" y que hasta ahora estaba bajo secreto.
Los servicios de Vigilancia Aduanera consideran que hay indicios de "tráfico de influencias" tras probar documentalmente que la empresa Aquagest presuntamente pagó a los dos dirigentes populares varios viajes a Nueva York, Florida y Croacia en el año 2009. A juicio de los agentes, Caunedo y Pecharromán recibieron "dádivas o regalos" a cambio presuntamente de contratos públicos. También reclama que el Ayuntamiento de Oviedo entregue todos los contratos relacionados con Aquagest y empresas filiales, entre las que cita a nueve sociedades diferentes. Esta diligencia ya ha sido acordada, ya que Vigilancia Aduanera retiró el pasado 11 de septiembre por orden judicial doce expedientes relacionados con el caso.
El informe considera que hay indicios de "entregas de dinero a través de la prestación de servicios (...) a distintas personas con responsabilidades institucionales y/o políticas" con el objetivo de lograr contratos "en forma presuntamente fraudulenta en virtud de este tráfico de influencias".
Los agentes añaden que no conocen "el alcance de todos los contratos obtenidos" por el grupo empresarial en Oviedo y Gijón, "pues no otro puede ser el objetivo de desembolsar tal cantidad de dinero", que cifran en más de 30.000 euros, el coste de los tres viajes. En concreto, sólo citan un contrato, el de construcción de la red de saneamiento en Fuso de la Reina, "que será investigado". Y destacan que se utilizaron argucias "para que no se pueda relacionar a Agustín Iglesias Caunedo y a Manuel Pecharromán con la entrega de estas dádivas o regalos", de forma que se empleó a otra empresa, CPS, "la cual abona los viajes, supuestamente para recibir posteriormente su pago".
El servicio de Vigilancia Aduanera también han pedido que se cite a declarar, en este caso en calidad de testigo, a la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, que fue grabada en varias conversaciones con el principal imputado, Joaquín Fernández, exvicesecretario de comunicación del PP y expresidente de la junta local de San Martín del Rey Aurelio, y al que los investigadores consideran el "conseguidor" de la trama. Joaquín Fernández trabajaba para Aquagest y presuntamente se encargaba de utilizar sus relaciones políticas para conseguir contratos públicos.
Joaquín Fernández hizo también varios negocios con Hunosa, consiguiendo contratos para la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara (Fusba), dependiente de la hullera, y, según el informe de la Agencia Tributaria, fue la presidenta de la empresa minera la que le consiguió un contrato al principal imputado en la trama asturiana. "Joaquín Fernández reconoce que María Teresa Mallada le consiguió el contrato que tiene su empresa Imagenium con Hunosa", señalan los agentes, que dedican un tomo a transcribir las conversaciones sobre la hullera.
