Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y abogado, acude este mediodía al Aula Magna de la Facultad de Derecho para hablar de la potestad reglamentaria de la ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, una de las bases de la reforma popular de la Administración, que, en su opinión, ralentizará la producción de leyes. Como secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, preparó en 1977 el decreto ley de las primeras elecciones democráticas. Santamaría explica que se optó por las listas cerradas en aquella época porque fomentaban la formación de partidos políticos, tan necesarios para la democracia, y añade que, a pesar de las críticas, el sistema ha funcionado. Pese a las noticias sobre corrupción, cree que la ley de contratos públicos junto con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales "ponen muy difícil hacer porquerías con las licitaciones".
-¿Qué supone la nueva ley de Procedimiento Administrativo Común?
-Regula con más detalle el procedimiento para establecer normas reglamentarias. Ésta es una cuestión que nunca ha tenido una regulación demasiado extensa. La visión que yo tengo es que es una regulación muy ambiciosa, que trata de evitar la actual ristra de procedimientos. La nueva regulación establece unos trámites muy bien pensados, pero cuya aplicación es muy problemática.
-¿Por qué?
-Son procedimientos muy exigentes que quizá no sean compatibles con la rapidez con la que se pretenden aprobar las normas. Hay cosas que están bien vistas, como que las administraciones hagan a principio de año una planificación de las normas que quieren dictar. Es un instrumento de racionalidad que yo veo muy difícil que se pueda aplicar, porque hay normas que surgen de imprevistos políticos muy difíciles de prever.
-¿Hará más lenta la salida de nuevas normas?
-Para empezar debe haber dos trámites de información pública, más un trámite de audiencia, a los que hay que sumar los trámites que ya existen ahora, como los informes por parte de las consejerías o ministerios en aquellas cuestiones que vayan al Gobierno, los informe del Consejo de Estado o del órgano correspondiente de la comunidad autónoma, o informes económicos, que, no obstante, hay que señalar que en muchas ocasiones se realizan de forma muy sumaria. Si los trámites que establece la nueva normativa se cumplen con un cierto rigor, eso provocará una ralentización considerable en la producción de leyes.
-Llama la atención la tardanza con la que se aprueban algunas leyes, que a veces ni siquiera salen adelante.
-Hay proyectos de ley que se quieren sacar deprisa y salen en tiempo récord. No hablo ya de esta última reforma del Tribunal Constitucional, pero sí, por ejemplo, de la de la ley orgánica del Poder Judicial, que entró en el Congreso en febrero y se aprobó en julio, prácticamente cinco meses, que es un tiempo récord. Luego hay muchas que se paralizan, porque el Gobierno empieza a negociar con la oposición, pierde interés o su momento ya pasó. Los que hemos sido funcionarios del Parlamento lo decíamos ya hace muchos años, que los proyectos se metían en la nevera y muchos nunca se llegaban a aprobar. Hay algunos que se mueren, porque se pierde interés o porque los gobiernos advierten que va a haber rechazo social o político.
-Usted redactó el decreto ley de las primeras elecciones democráticas, que consagra la ley D'Hont y las listas cerradas, tan criticadas...
-Sí, soy uno de los culpables... La ley D'Hont en realidad está corregida por el juego de los distritos electorales. Efectivamente, favorece a los partidos mayores, cosa que, la verdad, en aquel momento no sabíamos. Yo jamás había votado. En aquel momento se creía que el sistema de listas cerradas y bloqueadas ayudaba a crear partidos, que no existían en aquella España del 77 y que eran imprescindibles, porque una democracia sin partidos no es democracia. Luego los partidos se han hecho muy fuertes, o demasiado fuertes incluso, pero lo cierto es que el sistema ha funcionado durante todos estos años.
-Ahora se pide una reforma del sistema electoral. ¿Qué le parece?
-La verdad es que si me dicen que hay que cambiar este sistema no sabría cómo hacerlo. Las listas abiertas no me convencen. Todo lo que perjudique la solidez interna de los partidos es muy malo, porque genera una gran inestabilidad. Las listas abiertas o el sistema proporcional pueden generar ingobernabilidad, como ha ocurrido durante muchos años en Italia. Quizá habría que ir a un sistema mixto, pero no me atrevería a opinar.
-Su último libro versa sobre el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que es bastante desconocido.
-Es un sistema de recursos administrativos que se ha establecido por imperativo comunitario, para controlar las licitaciones públicas, y que está funcionando francamente bien. Los recursos administrativos tardan en resolverse muchísimo, y algunos ni eso. Como muchos de estos recursos los resuelve la propia Administración, la tendencia es que se solventen siempre en contra del recurrente. Estos nuevos tribunales administrativos, cuyos miembros son independientes, son de una gran solvencia. Sus resoluciones están muy bien hechas. Frenan la litigiosidad, porque ahora uno se piensa más la presentación del recurso, al existir esta vía, que en muchas ocasiones es favorable al recurrente. Han hecho que el sistema sea creíble.
-Estos tribunales son los que han hecho que se suspendan los viajes del Imserso.
-No estoy muy al tanto de las interioridades de esa licitación en concreto. Es un tema muy importante. Los contratos públicos suponen un gran porcentaje del PIB, suponen mucho dinero. Y a través de esas licitaciones a veces salen cosas muy irregulares, no hay más que ver las noticias. Es muy bueno que haya órganos independientes que las fiscalicen. Eso no puede corregir la corrupción, que ha existido siempre y siempre existirá, pero la hace más complicada y difícil. La ley de contratación pública es muy rigurosa y pone muy complicado hacer porquerías. Y estos tribunales coadyuvan a ello. Todo lo que se haga de forma irregular puede ser controlado por ellos tarde o temprano, o por un tribunal judicial.
-¿Cómo ve un administrativista el órdago catalán?
-Ese órdago tiene poco, o más bien nada, que ver con la Administración. Es un tema de primer orden, de Estado. Los expertos en derecho administrativo no tenemos nada que decir ahí, simplemente estar a la espera de lo que se haga. Personalmente creo que es un comportamiento claramente ilegal. Lo han dicho el Tribunal Constitucional y las fuerzas políticas mayoritarias.
