Joaquín Aréstegui dimitió ayer como presidente del Partido Popular de Avilés a media tarde, ocho horas después de que se lo exigiese en conversación telefónica la líder regional de su partido, Mercedes Fernández, por figurar en el sumario judicial de la vertiente asturiana del "caso Pokémon" como presunto receptor de entregas de dinero que suman 108.357,43 euros, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Su renuncia al cargo, en el que llevaba 22 años, la hizo pública a través de un comunicado que no pactó con la dirección autonómica del PP y en el que se muestra convencido de su "absoluta inocencia". El texto lo remató a las 18.00 horas, en la sede local de su formación, rodeado de un reducido grupo de colaboradores que fueron citados poco antes y en el que no se encontraban ni el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, ni ningún otro concejal. Durante la reunión, aseguró sentirse engañado por Joaquín Fernández, el presunto "conseguidor" de la empresa Aquagest y en cuyo ordenador figuran las anotaciones de los supuestos pagos. Emocionado, señaló que la posición de su familia ha tenido un peso decisivo en la decisión.
La llamada telefónica de Mercedes Fernández a Aréstegui se produjo en torno a las diez de la mañana, después de que la presidenta popular leyese en este diario las informaciones sobre el sumario de "Pokémon". Fue una conversación tensa de varios minutos, en la que la líder del partido le pidió su renuncia, de acuerdo a lo que habían pactado hace ya dos meses a raíz de las primeras publicaciones sobre el caso. Aréstegui le prometió entonces que se iría, aunque había optado por posponer la decisión a las elecciones generales de diciembre.
Nada más colgar el teléfono, el ya expresidente del PP de Avilés se puso en contacto con su "número dos" y diputada nacional, Carmen Rodríguez Maniega, con la que se citó en el centro de la ciudad tras esbozar las primeras líneas de su comunicado de dimisión. A las dos y media, ambos tomaron el vermú en un establecimiento de la plaza Hermanos Orbón, junto al mercado de Abastos. En el tiempo que tardó en beber dos vinos blancos, Aréstegui atendió cinco llamadas de afiliados del partido que le dieron muestras de apoyo. También recibió ánimos de varios clientes del local. No desveló a nadie sus intenciones.
Comió en su domicilio y, a las seis de la tarde, acudió a la sede del PP, en la calle La Cámara. En el interior, le esperaban Rodríguez Maniega y la tesorera Marta Fernández del Viso. Ningún concejal fue avisado del encuentro. Junto a este pequeño grupo, Aréstegui remató su comunicado. En el texto, señala que él no tenía ninguna responsabilidad en el Ayuntamiento de Avilés cuando, en 2009, se adjudicó la gestión del agua a Aquagest, la empresa de la que supuestamente habría recibido favores y pagos. Y añade que su partido "ni siquiera era necesario" en el Pleno municipal para sacar adelante el contrato, ya que el PSOE, ASIA y los no adscritos sumaban los 13 concejales que significan la mayoría absoluta. "El PP no era grupo de gobierno, ni socio de gobierno, sino el principal grupo de la oposición", dice para negar la necesidad de las presuntas dádivas. "En aquel año, yo ni siquiera era concejal, era diputado regional", añade. "No estoy acusado de nada, ni imputado en ninguna causa, ni ninguna jueza me ha llamado a declarar. Mi situación es de absoluta indefensión", prosigue. "Alejarme del primer plano me permitirá defenderme con mayor libertad", remata.
Pese a su renuncia, Aréstegui seguirá como delegado de la empresa estatal Sepides en Avilés. Su marcha aboca al PP de la tercera ciudad asturiana a un periodo de incertidumbre. Los 32 miembros de su junta local tienen la potestad ahora de nombrar nuevo presidente. Aunque varios fuentes apuntaron ayer a que Mercedes Fernández disolverá de inmediato la actual dirección e impondrá una gestora hasta el próximo congreso, previsto para dentro de un año.
Reacciones
Mientras Foro y el PSOE eludieron valorar la dimisión de Joaquín Aréstegui -los socialistas se remitieron a la petición de explicaciones que hizo el viernes su secretario de organización, Jesús Gutiérrez-, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, reclamó del PP una actitud "más proactiva" en relación con "un caso en el que supuestamente se ha malversado dinero público" y que afecta a tres personas que "son o han sido concejales en las tres principales ciudades asturianas" (Agustín Iglesias Caunedo, Manuel Pecharromán y Joaquín Aréstegui). "Respetamos la dimisión de Aréstegui", afirma García, "pero nos parece una medida privada". "Es penoso", enlaza, "que no se pidan responsabilidades políticas a los implicados independientemente de que, si se les imputa, deban dimitir inmediatamente de todos sus cargos públicos".
El diputado de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, Ovidio Zapico, considera que la retirada de Aréstegui es "la crónica de una dimisión anunciada". Y añade que no será la única: "A la vista de las informaciones publicadas, esto marcará el inicio de una cadena de dimisiones". Zapico sostiene que la polémica "entra dentro de la lógica de unas privatizaciones", que convierten "el suministro de agua potable en una cloaca". Lo mismo opina el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, que abre la puerta a más bajas. "Caunedo y un buen puñado de cargos públicos tienen aún mucho que decir sobre esto y esperamos que sigan el mismo camino que Aréstegui". A su juicio, lo que revela el "caso del agua" es que "una parte de los principales dirigentes del PP (...) usaban lo público para forrarse". "Hay que acorralar en los tribunales a las élites que nos gobernaban y que han tenido un estilo de vida repugnante en los momentos en los que a la mayoría de la población nos pedían apretarnos el cinturón", remata.
