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Las consecuencias de las revelaciones de LA NUEVA ESPAÑA

La juez del caso trataba de hallar pruebas de financiación ilegal en el PP asturiano

La gijonesa De Lara llegó a sospechar que el partido estaba "buscando empresas" como la de Joaquín Fernández para "realizar facturas falsas"

Joaquín Fernández, en los Juzgados de Lugo.

-¿No es cierto que el Partido Popular, a través de Cherines (Mercedes Fernández, presidenta del PP asturiano), está buscando empresas que puedan realizar facturas falsas, entre ellas Ingenium Consultoría (la empresa de Joaquín Fernández, el "conseguidor" de Aquagest)?

Esta lapidaria pregunta fue planteada por la juez instructora del "caso Pokémon", la gijonesa Pilar de Lara, durante el interrogatorio a Fernández, el 15 de febrero de 2013, según consta en una transcripción incluida en el sumario, cuyo secreto se ha levantado.

La pregunta -a la que Fernández respondió: "No. Tajantemente le digo que no"- forma parte de un extenso segmento de cuestiones a través del cual la juez De Lara trataba de aclarar lo ocurrido con la página web que contrató el PP para la candidata Isabel Pérez-Espinosa en 2010 -a la empresa Asac Comunicaciones, implicada por otro lado en el "caso Marea" de corrupción en el Principado-, así como el contenido de algunas conversaciones grabadas.

El objetivo último era aclarar si se habían elaborado facturas falsas por parte de la empresa de Fernández, y si éstas habían servido para camuflar la entrada de dinero negro en el PP asturiano. La juez se basaba en un informa previo de la Agencia Tributaria, en la que llamaba la atención sobre conversaciones sospechosas. En una de ellas, del 27 de diciembre de 2012, Fernández llamó a un tal Goyo, preguntándole si le interesaba una factura de 2.000 euros, "ahora que acaba el año". El tal Goyo le contestó que quizá le interesaría para enero. Ante las preguntas de la juez, Fernández negó haber realizado facturas falsas, ni haberse ofrecido a hacerlas.

Posteriormente, la juez se centró en la página web, facturada por 25.000 euros, aunque según la magistrada, el servicio costó 3.000. "¿Se infló esa factura? ¿Se facturaron 25.000 euros como una forma de desviar un dinero?", preguntó la juez, a lo que Fernández respondió que él no había contratado el servicio, sino "Rodolfo y compañía", en referencia al entonces director de Prensa del partido. "Para mí era demasiado caro, pero como es un contrato entre una empresa privada que es Asac y otra empresa privada, que es el PP, ellos sabrán", añadió.

"¿Por qué motivo Cherines (Mercedes Fernández) quería facturarle a usted?", volvió a preguntar la juez. Y Fernández respondió que había hablado con la presidenta del PP la posibilidad de hacer un "NewsLetter", un resumen de prensa interno, para miembros del partido. "Todavía está sin definir, sin acordar, ni facturar", dijo Fernández. La juez trajo a colación una conversación de Fernández con la diputada Carmen Maniega, grabada por la Agencia Tributaria, en la que la parlamentaria le decía que Mercedes Fernández había preguntado si Fernández "podía facturar", a lo que éste había respondido que tenía una consultoría de ingeniería y que podía emitir facturas en concepto de asistencia técnica. En esa misma conversación grabada, Maniega le pregunta por lo de la página web, y Fernández responde que "Cherines quedó en darle el importe de las facturas y el concepto para hacer las facturas a la junta".

Facturas a la junta

La juez planteó a Fernández que, escuchando ese pasaje, podría entenderse que "Cherines está buscando una empresa que le facture". Posteriormente, la juez preguntó si era cierto que esa página web se intentó facturar al Parlamento, en lugar de al partido. Fernández respondió que el motivo era que en ese momento el partido solo tenía dinero "en el grupo parlamentario". La juez se preguntó en voz alta el motivo por el que en sus conversaciones "solo hablaban de facturas, y no de servicios".

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