En el peor de los momentos y de la peor de las maneras, el "caso Pokémon" ha estallado en la cara de los dirigentes populares asturianos. Al margen de la cuestión judicial, está la gestión política del caso, que ya le ha costado el puesto al presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, que el sábado dejó su cargo.

La situación del líder de los populares de Oviedo, portavoz municipal y exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo, también preocupa, y mucho, a los dirigentes populares, sobre todo después de que alguno de los aspectos más escabrosos del caso (el supuesto pago de prostitutas en alguno de los viajes a los que presuntamente fue invitado Iglesias Caunedo por la trama, un aspecto que él niega) haya saltado a las televisiones y los periódicos nacionales, tras las revelaciones de LA NUEVA ESPAÑA, en plena precampaña electoral y con la corrupción como una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Ante la alarma social suscitada por el caso, el partido en Asturias considera imprescindible que Agustín Iglesias Caunedo "dé la cara" y no replique a la polémica a través de comunicados. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha convocado para hoy a los medios de comunicación para exponer su postura ante la situación, y tiene previsto mantener conversaciones con Caunedo para escuchar lo que tiene que decir, aunque fuentes del partido aseguran que "no se descarta" que se adopten medidas.

Hay malestar en el partido por la ausencia de Caunedo durante el puente festivo en el que estalló la crisis, a raíz de las publicaciones de LA NUEVA ESPAÑA, después de que la juez de Lugo que lleva el caso, Pilar de Lara, levantara el secreto de parte de las actuaciones. El concejal ovetense se encontraba este fin de semana de viaje con su familia.

Aunque el PP suele poner la línea roja en la imputación, no siempre ha seguido este criterio a la hora de exigir responsabilidades políticas a sus cargos públicos. Así ocurrió con el exconcejal ovetense Jaime Reinares, que no dejó su acta de concejal hasta que fue condenado en firme por revelar correos electrónicos robados a una funcionaria.