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"La trama salpica a todo el PP", dice la socialista Adriana Lastra

Hunosa afirma que rompió el contrato con la empresa de Joaquín Fernández cuando éste fue detenido en 2013

04.11.2015 | 04:16
Adriana Lastra.

"Esto no es el caso Caunedo, es el caso del PP de Asturias, hay una trama que salpica al partido por conductas dudosas con la gestión del dinero público". La cabeza de lista del PSOE por Asturias a las elecciones generales, Adriana Lastra, considera que las revelaciones del "caso Pokémon" son "extremadamente graves" y no se circunscriben a "los arreglos en la casa de Joaquín Aréstegui (expresidente del PP avilesino) o los viajes de Agustín Iglesias Caunedo. En el sumario constan gastos de precampaña", dijo, y la contratación por parte de Hunosa a la empresa de Joaquín Fernández, así como "contratos de familiares en Hunosa".

"Exigimos explicaciones y vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para aclarar este caso", aseguró Lastra, que anunció que presentarán varias preguntas a la diputación permanente del Congreso de los Diputados sobre las contrataciones que afectan a Hunosa, cuya citación como testigo ha solicitado el servicio de Vigilancia Aduanera.

A juicio de Adriana Lastra, el sumario dibuja "un entramado delictivo que confluye en el PP", y considera que la reacción de los populares es insuficiente, por ejemplo, señaló, en el caso de Joaquín Aréstegui. "Ha dimitido como presidente del PP de Avilés, pero mantiene su puesto como delegado en Asturias de Sepides, una sociedad estatal que gestiona el PEPA, un polígono empresarial de Avilés. "Alguien que se ve obligado a dimitir de un cargo político por un asunto así, ¿es la persona adecuada para seguir dirigiendo una empresa pública?", se preguntó Lastra, que destacó que es un cargo de libre designación del Gobierno central.

Y arremetió contra la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, que a su juicio "intenta presentarse como una defensora implacable de la legalidad y la ética", pero que "no actuó contra un concejal, Jaime Reinares, condenado (por revelar correos electrónicos de una funcionaria), y tampoco contra Joaquín Aréstegui, cuando su casa fue registrada por orden judicial". Según Lastra, "es el pánico electoral la que la hace actuar ahora en modo anticorrupción".

Respecto a las sospechas de Vigilancia Aduanera de que parte del dinero para pagar favores políticos hubiera salido de las obras del contrato de aguas del Ayuntamiento de Avilés, en manos socialistas, Lastra insistió en que la privatización del agua en ese municipio "fue completamente transparente", aprobado por la gran mayoría del Pleno. "La gestión de Avilés en este asunto es transparente, quizá se esté investigando respecto a la empresa, no lo realizado por el Ayuntamiento".

Un único contrato

Hunosa también reaccionó ayer a las informaciones sobre su relación con el principal imputado en el caso. La empresa hullera hizo un comunicado en el que insiste en que sólo mantenían una relación contractual, que rompieron en 2013, cuando Joaquín Fernández fue detenido. La relación, señala la empresa, "se limita a un único contrato", con la empresa Ingenium, de la que Fernández es administrador.

La empresa fue contratada, según Hunosa, el 12 noviembre de 2012, para llevar a cabo servicios de gestión comercial en la Fundación Laboral Santa Bárbara, "que estaba atravesando entonces por momentos muy difíciles ante la falta de contratos". Se contrató por seis meses a Ingenium para reforzar la labor comercial de Fusba, por 1.650 euros mensuales más IVA, sin variable, y kilometraje a 0,24 céntimos el kilómetro. Tras tener conocimiento de la detención a mediados de febrero de 2013 de Joaquín Fernández, el día 25 de ese mismo mes Hunosa rescindió el contrato.

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