El expresidente del Partido Popular avilesino, Joaquín Aréstegui, y su esposa, la exconcejala del PP Carmen Vega, camuflaron presuntamente en un alquiler pagos por parte de Aquagest vinculados a la adjudicación del contrato de aguas de Avilés, sospechan los investigadores del "caso Pokémon". El PP apoyó al PSOE en esa concesión. Además, detectan un incremento del patrimonio de Aréstegui, que ese mismo año adquirió con su hermano otro piso de la Cofradía de Pescadores.
Según consta en la información cuyo secreto ha levantado estos días la jueza Pilar de Lara, el matrimonio Aréstegui Vega adquirió el 29 de enero de 2010 un piso en la calle Brigadas Internacionales, basándose en datos del catastro. Tres días después, firmaron un contrato de arrendamiento con el responsable de una empresa vinculada con presuntos contratos amañados y generación de facturas falsas radicada en Galicia: CPS. Era ya una vieja conocida por los investigadores, que habían rastreado sus contactos con Aquagest en Galicia. El contrato de alquiler establece que será por ocho años, a razón de 720 euros al mes.
El informe elaborado por Vigilancia Aduanera rastrea las relaciones entre Aquagest y CPS para sospechar que CPS facturaba a la empresa que gestiona el servicio de aguas en Avilés (en sociedad con el Ayuntamiento) el coste del alquiler. Se escondía el pago como supuestas obras en el depósito de La Lleda. Izquierda Unida ya había denunciado en varias ocasiones presuntos y sospechosos incrementos en el coste de las obras.
Las escuchas telefónicas intervenidas entre Joaquín Fernández, el "abrelatas" de la trama y exvicesecretario de Comunicación del PP asturiano, y Joaquín Aréstegui parecen revelar algún tipo de problema en los pagos algunos meses, por lo que deciden (siempre según las sospechas de los investigadores) cambiar el sistema de contrato. Así, será la mujer de Aréstegui la que firme el contrato de alquiler con la esposa de Joaquín Fernández, lo que garantizaría los presuntos pagos.
Además, los agentes de Vigilancia Aduanera encontraron en el registro del domicilio de Joaquín Fernández un documento en su ordenador, con fecha de mayo de 2009, en el que el "abrelatas" de la trama analizaba el contrato que el Ayuntamiento de Avilés pretendía sacar a concurso para la concesión del agua. Apuntaba allí, meses antes de la concesión, ya datos sobre el tipo de sociedad mixta que el gobierno pretendía instaurar, así como que las opciones de conseguir el contrato eran del 50 por ciento. "Intensas y múltiples negociaciones políticas", anotó Joaquín Fernández en el documento que obra en el sumario.
