Es una casualidad que hay que investigar, y más si se han hurtado documentos clave a la investigación. La juez del "caso Pokémon" vincula temporalmente en una providencia, dictada el pasado sábado, los viajes del ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo -y que constan pagados por Aquagest- con su decisión de devolver una garantía de 166.850 euros que el Ayuntamiento había reclamado meses antes a la empresa de recaudación, participada precisamente por la compañía que sufragó los billetes y otros gastos. Esta simultaneidad ya fue remarcada por Somos Oviedo el pasado mes de septiembre, y facilitó documentación a la juez.
La devolución fue factible por un convenio suscrito por el exregidor cuando era edil delegado de Economía, en junio de 2009. La juez pide en la providencia que se audite la documentación entregada por el Ayuntamiento de Oviedo sobre el contrato con la empresa de recaudación, y reclama nuevos documentos que no fueron facilitados a los agentes de Vigilancia Aduanera el 1 de agosto, cuando se presentaron en el consistorio en busca de los expedientes de Aquagest.
La magistrada gijonesa pide copia compulsada del acuerdo íntegro de la Junta de Gobierno del 5 de diciembre de 2008, por el que se reclamaba la citada garantía a la empresa de recaudación. E identificar al interventor que emitió el informe que aconsejaba la exigencia de esa fianza. De Lara recalca que, "según Vigilancia Aduanera, el mismo no está unido a las actuaciones".
La juez también ordena que se requiera a la Intervención General del Estado para que designe a un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores como perito judicial con el fin de analizar la documentación facilitada en relación al contrato de gestión recaudatoria y la devolución del aval a Aquagest. Deberá realizar "un informe sobre la regularidad de los procesos de adjudicación y resolución de dichos expedientes, los actos administrativos posteriores y en particular el convenio por el que se resuelve anular y sobreseer" el acuerdo que reclamaba la fianza. Y determinará si hubo perjuicio económico para Oviedo.
