Los socialistas relacionan la coalición electoral entre el PP asturiano y Foro con la reciente contratación de Francisco Álvarez-Cascos como asesor de una empresa de seguridad que recibió cuantiosos contratos de administraciones gobernadas por los populares. "Parece que el proceso es claro: primero hubo una colaboración para llegar a un acuerdo económico y posteriormente, en poco tiempo, un acuerdo para una colaboración política. Me da esa sensación por lo que parece, y en política lo que parece es muy importante", manifiesta Antonio Trevín, número dos de la lista del PSOE al Congreso y durante la pasada legislatura portavoz parlamentario de Interior, donde centró parte de sus críticas al ministro Jorge Fernández Díaz en las relaciones entre algunas compañías del sector de la seguridad privada y determinados dirigentes populares, en aras de facilitar la expansión territorial de estas firmas.
Ése sería el caso, según Trevín, de Magasegur, la empresa murciana que desde hace dos meses ha contratado al fundador y secretario general de Foro Asturias como asesor para su expansión por el norte de España, tanto en Asturias como en otras comunidades autónomas limítrofes, tal y como la propia empresa confirmó a LA NUEVA ESPAÑA. Esta compañía, asentada en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, facturó el año pasado 10 millones de euros. En 2014, recibió dos contratos del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid por 8,8 millones para la vigilancia de todos los edificios de la Consejería de Industria.
Trevín respalda las recientes palabras de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, en relación a la trama del agua, que ha puesto en la picota a varios dirigentes populares a consecuencia de las actividades de Joaquín Fernández, exvicesecretario del Partido Popular y asesor de la empresa Aquagest como "conseguidor" o "abrelatas" de contratos públicos. "Efectivamente, como dice Mercedes Fernández, en este caso también hay dos ámbitos, el ético y el legal. Con respecto al primero hay que tener tragaderas, y bien gordas, para pasar de denunciar el pacto del duernu a esto. Y sobre el ámbito legal, no sé si es compatible que un representante político de un partido con representación autonómica y municipal trabaje como conseguidor o abrelatas de empresas en esos ámbitos".
