El Gobierno central ha dejado de aportar a Asturias 35 millones de euros desde el año 2012 para la Ley de la Dependencia (8 al año), cuantía a la que hay que sumar la reducción de una media del 18% en las cantidades que abona por cada dependiente y que corresponden al nivel mínimo garantizado de protección. El total del gasto en dependencia en la región, sin embargo, se ha incrementado en 6,2 millones de euros entre el año 2011 (antes de que se aplicaran los recortes) y 2014, hasta los 179,3 millones de euros. Mientras la aportación estatal se redujo en ese periodo en 6,2 millones, el 19%, la de los usuarios (mediante el copago) creció el 21% y la del Principado un 6%.
Las cifras correspondientes a la financiación del sistema de dependencia muestran que mientras en Asturias ha aumentado el numero de beneficiarios de prestaciones, la aportación del Estado se ha ido reduciendo hasta ser minoritaria y representar el 14% del total, mientras que el 70,5% sale de las cuentas del Principado y el 15% de los propios usuarios.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) contempla una triple vía de financiación. Una es el denominado nivel acordado de protección, que consiste en que el Estado y las comunidades autónomas acordaban todos los años una financiación anual. Asturias venía recibiendo por este capítulo una media de 8 millones de euros al año.
La segunda es el nivel mínimo garantizado de protección. Depende del número de personas beneficiarias que perciban una prestación y además, desde 2013, según el tipo de prestación y en función de unos criterios. En el año 2012, el Estado redujo dicha cuantía en el entorno del 18%, el 13% para las personas que ya eran atendidas antes de julio de ese año, y el 23% para las que se incorporaron posteriormente.
Las cuantías actuales que abona el Gobierno central al Principado de Asturias en este concepto es de 44,33 euros al mes para los dependientes de grado 1 (moderada); de 82,84 euros mensuales para los del grado 2 (severa), y 117,86 para los del grado 3 (gran dependencia).
Estos recortes que han afectado a Asturias también tienen su cuantificación a nivel estatal, con una merma de 280,99 millones de euros, que representa una rebaja del 20,53% en la aportación del Gobierno central para la atención a los dependientes.
La eliminación del nivel acordado de prestación no significa que el Ejecutivo central tenga una deuda con Asturias y el resto de las comunidades autónomas. Según explicó Paula Álvarez Herrera, directora general de gestión de prestaciones y recursos de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, "no existe una deuda generada formal porque no es que el Gobierno central no lo haya abonado, sino que directamente dejó de realizar su aportación. Y la medida se mantiene también en los presupuestos de 2016, porque no figura partida alguna para este concepto".
