La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado hoy que es prematuro hacer cábalas sobre lo que pueda suceder en torno al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, pero que, en todo caso, duda de que vaya a ser imputado por la juez que investiga el caso Pokemon.
"Siempre doy explicaciones, pero no me gusta hacer hipótesis que creo que no se van a producir", ha señalado la dirigente popular al ser preguntada en los pasillos de la Junta General del Principado sobre qué medidas adoptaría si finalmente el portavoz municipal del PP es imputado.
Fernández ha señalado que desde el PP no van a hacer ciencia ficción, que van a esperar a que se sucedan los acontecimientos y se cumplan los plazos dados por el juez."Cuando todo eso suceda, daré la cara, pero me parce prematuro hacer cábalas", ha subrayado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha dado al ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, un plazo de tres días, a partir de hoy, para presentar "la documentación acreditativa del abono de los viajes y alojamientos" efectuados en 2009 a Florida, Nueva York y Croacia, supuestamente pagados por Aquagest, investigada en el caso Pokemon.
En un providencia, la juez hace este requerimiento tanto al actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo como al ex concejal popular en Gijón Manuel Pecharromán, a los que pide que aporten "las reservas de viaje efectuadas, las facturas y la forma de pago de tales viajes (transferencia bancaria, tarjeta de crédito) indicando agencia donde adquirió los billetes y hotel y fechas".
La jueza instructora, que investiga el posible pago de favores de Aquagest a cargos públicos a cambio de contratos en varias comunidades autónomas, insiste en la providencia en que un atestado elaborado por Vigilancia Aduanera indica que los viajes fueron pagados por Aquagest, según la documentación aportada por la empresa Wagonlit.
Iglesias Caunedo y Pecharromán realizaron estos viajes en compañía del ex vicesecretario de Comunicación del PP de Asturias Joaquín Fernández, considerado por los investigadores un "conseguidor" de contratos públicos.
