La diputada regional socialista Dolores Álvarez Campillo tendrá que declarar en calidad de "querellada" (el equivalente a imputada hasta la reciente reforma legal) ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el próximo día 24, por un presunto delito de prevaricación derivado de haber quitado multas sin justificación durante su etapa de alcaldesa de Llanes. El Tribunal también ha citado por los mismos hechos, que sucedieron entre los años 2013 y 2014, a quien fuera su concejal de Seguridad, Emilio Carrera. Ambos se enfrentan a unas penas que podrían ir de 7 a 10 años de inhabilitación para cargo público. Por tanto, en caso de condena, Dolores Álvarez Campillo debería de dejar su acta de parlamentaria, aunque fuentes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) ya han advertido de que la exregidora llanisca tendrá que dimitir si la Sala civil y penal del TSJA le abre juicio oral, algo que hizo en su momento el también diputado socialista y exalcalde de Cudillero, Francisco González.

Campillo dejó la Alcaldía de Llanes el pasado mes de junio, tras formar parte de la candidatura autonómica del PSOE como cabeza de lista en la circunscripción oriental

A partir de una denuncia del sindicato de la función pública Usipa, la declaración ante el TSJA ha sido instada por la Fiscalía, que entiende que Dolores Álvarez Campillo y Emilio Carrera revocaban y anulaban sanciones de tráfico, "sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, con desprecio absoluto de las más elementales normas del procedimiento sancionador".

La citación para declarar como investigada por prevaricación complica la situación de Dolores Álvarez Campillo, vinculada por Aduanas con las pesquisas sobre las ramificaciones en Asturias del "caso Pokemon". Los investigadores han pedido que la diputada del PSOE sea llamada a declarar después de que, en una conversación telefónica intervenida, los cabecillas de la "trama del agua" desvelaran que les pidió una mejora laboral para su hermana María Elena Álvarez Campillo, trabajadora de Aquagest que logró poco después un "cambio retributivo" dentro de la empresa, según tienen comprobado los agentes que llevan el caso.

Además, Aduanas también investiga un "tinglado "relacionado con la renovación catastral de Llanes y tiene pruebas de que Esther Bustillo, concejala de Contratación Pública cuando Campillo era alcaldesa, viajó varias veces a Barcelona y a un partido de la Champions del Real Madrid en el Bernabeu.

En el caso de las sanciones de Tráfico, la Fiscalía detalla hasta 17 multas que fueron anuladas bien por el concejal de Seguridad o por la Alcaldesa, "sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico". Algunas de ellas ni siquiera habían sido recurridas previamente por los conductores, según acredita la fiscal que se encargó de instruir las diligencias.

Carrera acordó el archivo de varias de las sanciones "al considerar que el estacionamiento temporal de los vehículos" fue debido a causas tales como bajar a personas con alguna minusvalía física, a la descarga de material de una instalación municipal o a la carga de bultos con motivo de una mudanza de un establecimiento comercial. Además, otras multas fueron archivadas sin que mediara explicación alguna, tanto por Alvarez Campillo como por el concejal.

La fiscal que llevó a cabo la instrucción de la denuncia llamó a declarar como testigos a técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Llanes. Después, decidió que se formulara la querella ante la Sala civil y penal del TSJA por la actual condición de diputada autonómica de la exalcaldesa. LA NUEVA ESPAÑA trató de contactar ayer en varias ocasiones con Dolores Álvarez Campillo para que valorará la citación del TSJA o las investigaciones de los agentes de Aduanas. No tuvo éxito. La FSA anunció que la diputada regional dará hoy al mediodía una rueda de prensa en Llanes.