Muy segura de sí misma y negando todas las acusaciones que pesan sobre su persona en relación a la trama del agua, la retirada de sanciones de tráfico y el pago de una multa a una persona condenada por violencia de género para que no entrase en prisión cuando era alcaldesa de Llanes. Así compareció ayer la actual diputada regional por el PSOE Dolores Álvarez Campillo, en la sede de la Agrupación Socialista de Llanes. La exregidora estuvo acompañada por la que fuera edil de Administración Pública en el Ayuntamiento de Llanes, Esther Bustillo, también investigada en el caso Aquagest por, supuestamente, haber viajado a Barcelona y a ver un partido de la Champions en el palco del Santiago Bernabéu invitada por la trama.

"Nunca jamás influí en ninguna empresa para que mejorasen las condiciones laborales de mi hermana, de nadie de mi familia ni de mis amigos", subrayó Álvarez Campillo. La diputada aseguró que su hermana trabaja en la compañía desde antes de que ella accediese a la Alcaldía de Llanes en el año 2004. "Mi hermana comenzó a trabajar con un contrato a media jornada y cobrando algo más de 450 euros antes de que yo fuese regidora. A día de hoy, sigue con las mismas condiciones. Mis amigos y familiares han tenido, seguramente, la desgracia de tener una amiga o hermana alcaldesa", subrayó.

Sin embargo, los investigadores de Aduanas estiman que en el año 2102 se produjo un "cambio retributivo" de la hermana de Dolores Álvarez Campillo. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que recoge las retribuciones percibidas y que induce las sospechas de los investigadores. La mejora laboral se habría producido, según consta en una grabación intervenida a los cabecillas de la trama, por intermediación de la entonces alcaldesa de Llanes, que pidió un incremento de la jornada de trabajo para su hermana. Según los datos de Aduanas, la hermana de Dolores Álvarez Campillo cobró en 2010 un total de 7.952,36 euros, más 299,80 de gastos y dietas. En 2013, sus ingresos fueron de 12.856 euros, más otros 577,60 euros de dietas y gastos.

En su intervención de ayer, Campillo aseguró desconocer el contenido de las grabaciones en las que dos de los investigados por la "trama del agua" desvelan que les pidió una mejora laboral para su hermana. "Mi hermana tenía un contrato miserable. A lo mejor, pensaron que si le subían el sueldo me iba a poner contenta", dijo. La exregidora llanisca aseguró, ante las preguntas de los medios de comunicación, desconocer si durante los 14 años que su hermana lleva trabajando en Aquagest las condiciones de su contrato de trabajo fueron modificadas en algún momento.

La diputada negó también que Joaquín Fernández, el "abrelatas de la trama" en Asturias, pisase el Ayuntamiento de Llanes para negociar la firma de un contrato de revisión catastral a fin de poner al día los recibos del IBI en el concejo. "Se le adjudicó a la empresa Seresco con total transparencia", dijo al respecto. "Nadie de la empresa Aquagest ni esta persona nos habló de nada relacionado con tal contrato", manifestó.

En relación al presunto delito de prevaricación por haber quitado multas sin justificación, por el cual deberá declarar ente el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el próximo día 24, aseguró que tanto ella como el edil de Tráfico, Emilio Carrera, "estamos deseando defendernos ante el juez". Sobre si entregará su acta de diputada en caso de que se le habrá juicio oral, como exige la FSA, Álvarez Campillo se negó a decir nada "antes de que ocurran los hechos". "Es ridículo empezar a bailar sin que la música suene. Vamos a ver lo que pasa", dijo al respecto.

Sobre el presunto pago de una multa de 1.500 euros con dinero público a un condenado por violencia de género, acusó al actual gobierno llanisco de "usar el tema de manera ruin". "El expediente que dicen que yo firmé está hoy secuestrado en la Alcaldía. Lo he pedido pero todavía no lo tengo. Puedo asegurar con rotundidad que en ese expediente no se dice que esa persona, a la que no conozco, fuese un maltratador", afirmó.