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Los municipios asumen los planes de empleo pese al riesgo a recibir una lluvia de demandas

Los ayuntamientos afrontarán el programa "porque lo esencial es luchar contra el paro" pese a que la inseguridad jurídica lo convierte en un "coladero"

11.11.2015 | 02:05

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) planteó ayer al presidente regional, Javier Fernández, la inquietud de los ayuntamientos ante la "inseguridad jurídica" que plantean los planes de empleo, con los que este año se prevé dar trabajo a 707 personas en los municipios asturianos, a través de contratos de obra y servicio. Aún así, asumirán el riesgo, pendientes de que el Principado aporte una solución para la siguiente convocatoria.

El temor municipal se debe a que los tribunales han dado la razón a decenas de demandantes en varios ayuntamientos, que lograron demostrar vinculación laboral en anteriores ediciones del programa, lo que supuso que pasaran a formar parte de las plantillas municipales o bien a que tuvieran que ser indemnizados por despido como si fueran parte de la estructura, lo que supuso un fuerte rejonazo a las arcas municipales. Se calcula que en conjunto en los últimos años ha podido suponer un montante global de unos tres millones de euros.

Los municipios consideran "arriesgado" asumir las contrataciones del plan pese a las numerosas cláusulas que desde los servicios jurídicos de la FACC se recomienda incorporar a los contratos. Una preocupación que trasladaron ayer al Presidente, en una reunión en la que estuvieron presentes el presidente de la FACC y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, y los vicepresidentes Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón; Gerardo Sanz, de Llanera; Rosa María Domínguez, de Peñamellera Alta, y Marcos Niño Gayoso, de Santa Eulalia de Oscos.

"Es necesario buscar fórmulas alternativas que den una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos para poder aplicar los planes de empleo. El Presidente nos ha anunciado que están buscando una fórmula que aporte mayor seguridad, quizá a través de contratos que incluyan algún tipo de formación, con un sistema similar al de las escuelas taller", señaló García Palacios, que admitió que para la convocatoria de este año, que finaliza el 31 de diciembre, será imposible buscar un sistema alternativo de contratación.

"Es un callejón sin salida jurídica" aseguró. "La prioridad de los ayuntamientos es la lucha contra el paro, así que asumiremos el riesgo, aunque algunos pueden decidan, dentro de su autonomía municipal, no contratar todas las plazas". El problema está, aseguró el presidente de la FACC, en que la regulación laboral española puede entender que hay una vinculación laboral con los municipios más allá del plan de empleo, un coste laboral que los ayuntamientos no se pueden permitir, en la mayor parte de los casos. No ha habido muchas sentencias, el porcentaje es pequeño, pero están ahí y crean inquietud",

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