Los ayuntamientos asturianos despejaron esta semana una de las incógnitas legales que pesaba sobre su inmediato futuro: podrán mantener la prestación de servicios sociales, sanitarios y educativos que en principio quedaban suprimidos, como "competencias impropias", a partir del próximo 1 de enero, por la aplicación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La regulación establecía que los servicios que vienen prestando los ayuntamientos pasaran a manos de las comunidades autónomas o diputaciones. Sin embargo, la regulación no se aplicará y queda en suspenso hasta que se negocie la nueva financiación autonómica y local, según informó por escrito el Ministerio de Hacienda a la Federación Asturiana de Concejos, que había realizado una consulta por escrito.
Así lo anunció ayer el presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, que aseguró que el pasado jueves los ayuntamientos asturianos recibieron una carta firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. La noticia es "un alivio" para los municipios.
