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Los problemas de una actividad en declive

La construcción asturiana perdió tres de cada cuatro empleos durante la crisis

Asturias es la región que más obra adjudica a empresas de otras comunidades, según la patronal y los sindicatos

La construcción asturiana perdió tres de cada cuatro empleos durante la crisis

La construcción asturiana está al borde de la liquidación. Eso es lo que afirman tanto la patronal CAC-Asprocon como los sindicatos UGT y CC OO, que acusan de la situación tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos, por utilizar el precio como elemento único para la adjudicación de las escasas obras que hay en el Principado, favoreciendo así a empresas foráneas frente a las de la región. De ahí que en las últimas semanas empresarios y organizaciones sindicales estén presentado a distintos consejeros del Ejecutivo y en ayuntamientos un estudio que revela que desde el inicio de la crisis la construcción ha perdido el 73% del empleo y el 58% de las empresas.

El sector busca desesperadamente una solución a su particular crisis y considera que una de las soluciones pasa por que las administraciones públicas abandonen el sistema de licitación por subasta y apliquen el concurso, en el que el precio sea sólo uno de los requisitos. Advierten de que es precisamente el modelo elegido por el Principado y los ayuntamientos el que ha provocado bajas temerarias que influyen en la calidad de las obras e incluso causan su paralización. Según sus cálculos, Asturias es la comunidad autónoma que más obra adjudica a empresas foráneas en detrimento de las que tienen su domicilio fiscal en el Principado.

Los costes laborales del sector son superiores en Asturias que en una gran parte del país, y eso supone, según admite el sector, que "aquellas empresas que compiten respetando el cumplimiento de la legalidad quedan automáticamente fuera de las adjudicaciones al no poder alcanzar las bajas con las que habitualmente se contrata". Eso ha provocado la desaparición de sociedades por falta de trabajo. Pero también ocurre que, si deciden entrar en la guerra de precios "el efecto termina siendo el mismo por la acumulación de pérdidas".

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), en la que están integrados la patronal CAC-Asprocon y los sindicatos UGT y CC OO, ha realizado un estudio con el que sustentar sus denuncias en datos objetivos.

Según sus cifras, en el año 2007 Asturias tenía 30.986 trabajadores vinculados al convenio colectivo de la construcción. A día de hoy esa plantilla se ha reducido hasta 8.240. El 73,3% menos. Si se tiene en cuenta al conjunto del sector, al margen del convenio colectivo, el número de trabajadores pasó de 50.482 a 23.989 a fecha de agosto pasado.

"¿Qué pasaría en esta región si perdieran su empleo todos los funcionarios excepto los de Sanidad? Pues algo similar es lo que ha ocurrido en la construcción", aseguró una de las fuentes consultadas.

Si el análisis se hace por empresas, al cierre de 2007 había en el Principado 3.669 sociedades vinculadas al convenio de la construcción. Quedan 1.540.

Tanto la patronal como los sindicatos afirman que tanto el Principado como los ayuntamientos "únicamente tienen en cuenta el precio" a la hora de adjudicar obras. Este sistema, "unido a la escasísima actividad" del sector provoca, "que las obras se adjudiquen a precios anormalmente bajos y totalmente fuera de mercado" atrayendo a compañías de otras comunidades autónomas donde el modelo habitual es el del concurso y no la subasta.

Las cifras que muestra la FLC indican que las bajas medias en las adjudicaciones durante el año 2014 fueron en Asturias del 44%, la más elevada del país. La segunda comunidad en la que más se bajan los precios en la adjudicación fue Castilla y León, que no llega al 38%.

Pero además, Asturias es la comunidad autónoma en la que más obras se adjudican a empresas foráneas: el 60% de ellas van para compañías de fuera de la región y sólo el 40% quedan en empresas con su domicilio fiscal en el Principado. En el extremo opuesto a esta situación se sitúan Navarra, que da el 88% de las obras a empresas de la región, el País Vasco (80%), Cataluña (77%) y Madrid (68%).

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