El acceso a una plaza pública residencial cuando una persona no tiene aún reconocida la prestación según su grado de dependencia obliga a formalizar un contrato de hospedaje, regulado en el Decreto 10/1998, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales de ancianos. Dicho contrato no tiene en cuenta la capacidad económica del residente, como sí lo hace la Ley de Dependencia. Por lo tanto, las personas con pensiones inferiores al precio de la plaza residencial, generan un deuda mensual en función de la diferencia.
Importante es que ninguna persona se quede sin plaza por falta de recursos, como dice la señora Graciela Blanco, directora gerente del ERA, pero importante también es la información a las personas solicitantes de una plaza pública, y especialmente cuando no se les puede aplicar el "copago" por ser declaradas dependientes. Por un lado, porque no son responsables de la espera a la que se les somete para ser evaluadas en su grado de dependencia; por otro, porque tienen derecho a conocer la factura mensual de lo que pagan y de lo que adeudan y porque tampoco son responsables sus familias. Lo establece el propio decreto: las deudas son personales, y lo que no se puede hacer es esperar , en algunos casos dos años desde la defunción, para pasar a los herederos la liquidación de la deuda.
La solución pasa por llevar a cabo la aplicación de una Ley aprobada en el 2007 y que se empezó aplicar en el 2011, con la agilidad que su propia regulación exige. Tras 4 años no se puede seguir gestionando con tiempos de espera -sólo para la valoración de la Dependencia-, de mínimo 8 meses. También resulta imprescindible la información a las propias personas destinatarias y a sus familias, incluida la cláusula quinta del contrato de hospedaje recogida en el mencionado decreto, donde se establece que la persona "obligada" es la usuaria del servicio.
Y con carácter inminente la solución es una moratoria del cobro ejecutivo de la deuda "post morten" de los ancianos de las residencias del ERA, y en la que Podemos Asturies ya está trabajando para presentarla en el Parlamento asturiano.
Si el procedimiento de la valoración de Dependencia fuera eficaz no se generaría deuda.
