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Tres varas de medir distintas para políticos en casos de corrupción

Los partidos políticos asturianos tienen cada uno un límite distinto a la hora de medir cuándo unos de sus líderes implicados en casos de presunta corrupción ha de renunciar a su puesto

20.11.2015 | 18:30

Los partidos políticos asturianos tienen cada uno un límite distinto a la hora de medir cuándo unos de sus líderes implicados en casos de presunta corrupción ha de renunciar a su puesto. Los socialistas fijan el momento en que son procesados como el límite de permanencia en el cargo. Izquierda Unida, al menos en el caso de su portavoz en la Junta, Ángel González, los mantiene incluso cuando están procesados. El PP asturiano no ha fijado públicamente ningún límite concreto.

El excalcalde socialista de Cudillero, Francisco González Méndez, y el exregidor de Pravia, Antonio de Luis Solar, presentaron sus respectivas denuncias –el primero como diputado regional y el segundo como mandatario municipal- cuando efectivamente resultaron procesados. Ahora mismo la exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, en la actualidad diputada regional del PSOE, está imputada en un supuesto caso de prevaricación pero se mantiene en el cargo pues no está procesada. Un caso atípico fue el del socialista llanisco Francisco José Balmori, director generaldel Principado, que resultó imputado inicialmente en la trama del agua (aunque después fue desimputado) y en ese momento puso su cargo a disposición del gobierno de Javier Fernández, lo que provocó su salida de la administración.

Un caso de resistencia casi absoluta a abandonar el cargo lo protagonizó en la anterior legislatura Ángel González, portavoz de IU en la Junta General. Reiteradamente se negó a abandonar el cargo ni en la fase de imputación, ni en la de procesamiento, ni cuando llegó la condena efectiva por haber prevaricado, al saltarse la legislación y fraccionar unos contratos para colocar monolitos que recordasen a las víctimas del Franquismo en distintas fosas comunes de toda Asturias. Fue finalmente la coalición, pero después de la condena en firme, cuando lo suspendió de militancia.

El PP asturiano no ha fijado ningún límite concreto para forzar la dimisión de sus altos cargos. No se produjo ninguna dimisión efectiva cuando Jaime Reinares, teniente de alcalde de Oviedo, fue condenado por revelación de secretos. En cambio, a principios de este mes de noviembre, sí renunció a su puesto Joaquín Aréstegui, presidente del PP de Avilés, por aparecer en el sumario de la trama del agua, un proceso en el que no ha sido imputado aún. La dimisión de Aréstegui se produjo el pasado día 1, ocho horas después de que se lo exigiese en conversación telefónica la líder regional de su partido, Mercedes Fernández. Tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA, Aréstegui aparece en el sumario del caso que investiga la juez Pilar de Lara como presunto receptor de entregas de dinero que suman 108.357,43 euros. Su renuncia al cargo, en el que llevaba 22 años, la hizo pública a través de un comunicado que no pactó con la dirección autonómica del PP y en el que se muestra convencido de su "absoluta inocencia".

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