El alegato de Agustín Iglesias Caunedo no convence a la juez Pilar de Lara. La magistrada que instruye el "caso Pokémon" ha citado al portavoz del PP de Oviedo y exalcalde de la ciudad a declarar como imputado después de detectar en sus viajes de 2009 indicios de un delito continuado de cohecho y otro de prevaricación. De Lara hizo oficial la convocatoria al exregidor ovetense unos días después de recibir los documentos en los que Caunedo trataba de justificar ante el Juzgado que fue él quien pagó en metálico los viajes cuyo abono atribuyen los investigadores a las empresas de la trama del agua. El edil popular sostiene que entregó el importe de las excursiones a su amigo Joaquín Fernández, exvicesecretario de Comunicación del PP asturiano, compañero de viaje, presunto cabecilla y principal encausado de la operación en Asturias, empleando para ello un dinero que tenía en casa para realizar unas compras que finalmente no hizo y un regalo de cumpleaños que recibió en efectivo de sus tías.

Según fuentes jurídicas, De Lara fundamenta la imputación de Caunedo en el análisis de los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, estamento encargado de las pesquisas, y en su cotejo con la argumentación remitida por el concejal popular tras el requerimiento de pruebas efectuado con urgencia por la juez. Concluye que ha de convocarle a prestar testimonio en calidad de "imputado", empleando en su providencia esa nomenclatura clásica en lugar del "querellado" o "investigado" que prefiere la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El exalcalde habrá de prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo a las once de la mañana del 13 de enero -la providencia habla por error de 2015- para responder de las acusaciones que se le atribuyen por haber viajado a Nueva York, Florida y Croacia en distintos momentos de 2009 supuestamente al cargo de las empresas de la red que presuntamente cambiaba contratos públicos por "dádivas" a políticos. La juez añade un cuarto viaje a Madrid a esos tres destinos, cuyos gastos figuran detallados con minuciosidad en la documentación incautada a Joaquín Fernández, que incluye copias de documentos de pago.

Aprecia motivos para adjudicarle indicios de conducta delictiva sólo unos días después de que Iglesias Caunedo argumentase su defensa en un relato que trataba de documentar su versión de los hechos. Según ésta, el acuerdo para el pago de las vacaciones era que Fernández gestionaba las reservas, porque "tenía la posibilidad de conseguir algún descuento o mejor precio", y el resto de los expedicionarios -él, el exconcejal gijonés Manuel Pecharromán y sólo en Nueva York Cristina García Montes- le reembolsaban después su parte. El exregidor, siempre según su versión, le habría entregado 3.500 euros para el viaje a Nueva York utilizando un dinero que tenía en casa y que había sacado del banco en dos operaciones efectuadas un año y siete meses antes para hacer unas compras que finalmente no realizó. Después, "para regularizar gastos", dice haber aportado a Fernández otros 2.000 euros. De la excursión a Croacia defiende Caunedo que Pecharromán adelantó el pago a Fernández y que él "regularizó" después los gastos. Los 1.500 euros que le correspondían de las vacaciones en Florida los habría abonado, según su versión, con "el regalo de cumpleaños realizado por mis tías (1.800 euros)", de cuyo reintegro aporta copia de apunte bancario. Además del alegato sobre el origen del dinero, el exalcalde ha defendido que nunca benefició a Aquagest ni a ninguna de las empresas de la trama desde sus cargos en el Ayuntamiento.

Una vez examinada su argumentación, Pilar de Lara atiende a la petición de los investigadores de Vigilancia Aduanera de citarle a declarar como imputado. La misma solicitud pesa sobre otros dos exresponsables políticos asturianos, Manuel Pecharromán y el exedil de Siero Luis Vázquez.